“Cerca de 800 farmacias españolas en situación de viabilidad económica comprometida reciben una compensación económica a su baja facturación pública para evitar sus cierres”. “La cadena de farmacias CVS prevé cerrar el 9 por ciento de su red de farmacias en los próximos tres años”. “Boots recortará los horarios de sus farmacias menos rentables en Reino Unido” …

Todos los anteriores son titulares en prensa en España, Estados Unidos e Inglaterra —por este orden— acerca de cómo se afrontan situaciones de falta de rentabilidad de parte de la red nacional de oficinas de farmacia. Unas actuaciones que están muy condicionadas por el tipo de modelo farmacéutico que rige en cada uno de los territorios —regulado o liberal, según el caso— y de la consideración sanitaria, o a medio camino entre lo sanitario y comercial, que tienen estos establecimientos y su modelo de gestión.

Así, son varias las preguntas que pueden centrar el debate profesional —y social— ante una situación falta de rentabilidad de la red de farmacias (o parte de ella) de un país. ¿Deben intervenir las Administraciones para mantener la prestación farmacéutica en igualdad de condiciones en todo el territorio? ¿Debe el sector de oficinas de farmacia, y los agentes que lo conforman, ‘autoajustarse’ como cualquier otro en función de su evolución económica? Nuevamente, las respuestas a este debate parecen conducir a los diferentes modelos farmacéuticos establecidos en cada país. Con sus pros y sus contras.

En España, cabe recordar, la apertura y establecimiento de farmacias se rige por criterios de planificación y capilaridad — un 95 por ciento de la población tiene una farmacia a menos de 5 minutos de su domicilio—. Desde el año 2008, en virtud de lo estipulado en el Real Decreto 823/2008 de márgenes, deducciones y descuentos de las farmacias aquellas farmacias que no alcanzan un umbral mínimo de ventas públicas con cargo al Sistema Nacional de Salud pueden recibir la aplicación de un índice corrector a su baja facturación; las conocidas como ‘ayudas VEC’.

En origen, ese umbral se fijó en 200.000 euros anuales, lo que permitía —con diferentes tramos establecidos— recibir compensaciones económicas por un valor máximo de 833 euros mensuales. Inicialmente, este índice corrector estaba limitado exclusivamente a farmacias VEC ubicadas en entornos aislados o socialmente deprimidos. Este criterio se suprimió en 2012 a fin de que posibles boticas VEC situadas en entornos urbanos —donde también existe el problema de la falta de rentabilidad— pudieran acceder a este índice corrector.

Desde el establecimiento de estas ‘ayudas’ económicas, cerca del 4 por ciento de la red española de farmacia se ha beneficiado de ellas, con ligeras fluctuaciones interanuales: 973 boticas en 2016; 895 en 2017; 858 en 2018…—. Si no fuera así, probablemente España contaría ahora mismo con una merma del 4 por ciento de esta red, conformada actualmente por cerca de 22.100 establecimientos.

Las cuantías anuales satisfechas por las Administraciones regionales en estas ‘ayudas’ se sitúan, en su conjunto, en torno a los 3 millones de euros anuales. Eso sí, apenas suponen el 1 por ciento de lo que la propia red de boticas financia al SNS por las deducciones a las que les obliga la legislación en cada venta de recetas públicas (RD 5/2000). Por ejemplo, la patronal farmacéutica nacional tiene cuantificado que, en el año 2021, las farmacias españolas aportaron 517,5 millones de euros netos por los descuentos y deducciones al SNS.

Actualización de las cuantías

Actualmente, el Ministerio de Sanidad ha iniciado el proceso para actualizar al alza las compensaciones económicas que reciben las farmacias en situación de viabilidad económica comprometida. Un cambio que articulará a través del proyecto de modificación del Real Decreto 823/2008 de márgenes, deducciones y descuentos de las farmacias, en el que recogen estas ‘ayudas’.

El objetivo del Ministerio es incrementar un 17’5 por ciento las ayudas que reciben aquellas farmacias que, hasta ahora, no facturasen más de 200.000 euros anuales por dispensaciones públicas con cargo al SNS. Así, de los actuales 833,33 euros máximos que puede recibir una farmacia VEC al mes se pasaría, en adelante, a 979,16 euros.

No obstante, esta revisión de las ‘ayudas VEC’ tiene importantes matices. No todos positivos. Quizá el más importante es la nueva ‘selección’ del perfil de boticas VEC que puede acceder a las ayudas. En adelante, solo las farmacias VEC ubicadas en municipios de menos de 1.500 habitantes podrían recibir la aplicación de un índice corrector a su baja facturación.

Las CC. AA. desembolsan, en su conjunto, cerca de 3 millones de euros en ‘ayudas’ VEC a farmacias

Dicho de otra manera, solo las farmacias VEC rurales. Se excluyen de estos beneficios a las farmacias VEC ubicadas en municipios por encima de esta densidad poblacional —como urbanos o semiurbanos— y que, haberlas, haylas. Y que, conviene recordar, también prestan un mismo esencial a la población donde se ubican.

El propio Ministerio de Sanidad expone en el proyecto de RD que un 80 por ciento de las actuales 713 farmacias VEC se concentran en los municipios de menos de 1.500 habitantes. Se reconoce, por tanto, que el restante 20 por ciento se ubican en localidades con mayor población y, en adelante, no cumplirían los requisitos poblacionales para acceder a las ayudas. En cifras, ello afectará a cerca de 140 establecimientos, que quedarán excluidos de las ayudas aunque mantengan su situación de inviabilidad.

Cabe recordar que, en origen (2008), el acceso a la aplicación de este índice corrector estaba limitado exclusivamente a farmacias VEC ubicadas en entornos aislados o socialmente deprimidos. Este criterio se suprimió en 2012 a fin de que posibles boticas VEC situadas en entornos urbanos —donde también existe el problema de la falta de rentabilidad— pudieran acceder a este índice corrector.

Ahora, de confirmarse las intenciones de Sanidad, se volvería al status quo inicial. En este sentido, el Consejo General de Farmacéuticos (CGCOF) considera que el índice corrector se debe seguir aplicando “a todas las farmacias que actualmente se benefician de ello, sin distinción de su ubicación”. Todo ello, completan, “con el fin de no afectar la atención que se presta a los colectivos vulnerables, evitando que esta dependa de su código postal”.

En el proyecto de RD, Sanidad indica que el objetivo es “incrementar las garantías para que la prestación farmacéutica que se realiza por los farmacéuticos y las farmacéuticas de las oficinas de farmacia sitas en el entorno rural con riesgo de despoblación y en los entornos social y económicamente vulnerables siga siendo accesible y capilar”.

La disyuntiva del modelo navarro

En el debate sobre si se debe contribuir, con dotaciones públicas, al mantenimiento de un sector y/o establecimientos dentro de él, dentro del propio territorio español surge un dilema al respecto. En concreto, respecto al particular modelo farmacéutico existente en Navarra en comparación con el resto del país.

Aunque, como en el resto de Comunidades Autónomas, se exige la titularidad y propiedad de boticas en manos profesionales, los criterios para la apertura de nuevas boticas es más laxo respecto al resto de CC. AA. Mientras que en todas ellas las nuevas aperturas están supeditadas a concursos públicos de méritos convocados periódicamente por la Administración, en los que se asigna también la ubicación de las nuevas oficinas, en Navarra basta con que no exista un establecimiento a menos de 150 metros de la hipotética nueva apertura para que se autorice la misma.

Los datos dictan que la flexibilidad en los criterios de apertura puede provocar cierta sobresaturación de establecimientos en determinadas zonas (en especial, en grandes núcleos) y que ello repercute negativamente en la viabilidad de los establecimientos. Por ejemplo, mientras que, como se ha indicado, la media nacional de farmacias VEC se ‘mueve’ anualmente en torno al 4 por ciento de toda la red, Navarra presenta porcentajes anuales en torno al 12 por ciento (+300 por cien), solo superada por Castilla y León, una región eminentemente rural (16 por ciento de su red).

Ello conlleva a una pregunta que siempre sobrevuela en el sector: ¿se debe ‘ayudar’ a la sostenibilidad económica de una oficina de farmacia en la que su titular ha tenido cierta libertad, dentro de unos criterios de mínimos, para decidir dónde o en qué entorno (más o menos condensado) abrirla? Por ejemplo, desde la empresarial farmacéutica nacional FEFE siempre se ha considerado que la compensación a farmacias VEC abiertas en planificaciones de mínimos “defrauda el espíritu” del índice corrector.

EE.UU. desmantela su farmacia física

En aquellos otros modelos farmacéuticos de corte liberal, sin criterios expresos respecto a la propiedad y/o ubicación de las farmacias, las Administraciones suelen asistir como meros espectadores a los propios ajustes del sector de oficinas de farmacia, sin intervencionismo alguno. Cuando menos, no económico.

Estados Unidos es buen reflejo de esta situación. En un modelo regido en su práctica totalidad por cadenas farmacéuticas, en detrimento de boticas independientes, las decisiones se toman con un pensamiento macroeconómico.

Por ejemplo, la cadena CVS ha anunciado un plan de reestructuración de su red de farmacias que incluye el cierre de cerca de 9.000 establecimientos a partir de este 2022 y a lo largo del próximo trienio. Esta decisión supone, cuando se haya ejecutado en su totalidad, una reducción del 9 por ciento de su red de boticas (conformada actualmente por cerca de 10.000 establecimientos).

En los países con modelos liberales, las AA. PP. asisten como meros espectadores a los ajustes de sus redes de farmacias

La justificación de CVS, entendible o no, es clara: lo marca el mercado y las nuevas tendencias tanto en la oferta como la demanda de la prestación farmacéutica y/o sanitaria. “La compañía ha estado evaluando los cambios en la población, los patrones de compra de los consumidores y las futuras necesidades de salud para asegurarse de que tiene el tipo de farmacias adecuadas y en las ubicaciones adecuadas para los consumidores y para el negocio”, ha indicado en un comunicado del que se hacen eco diversos medios norteamericanos. Como respuesta a estos cierres, CVS asegura que, “ampliará rápidamente” sus servicios online. Cabe recordar que en Estados Unidos la normativa es más flexible respecto a la compra de medicamentos online —también los de prescripción— y hay prácticas como la telefarmacia bastante asentadas.

Según una observación del Rural Policy Research Institute de la Universidad de Iowa, cerca de 8.000 farmacias rurales “independientes” han cerrado ya en este siglo XXI. La reestructuración que ahora acometerá CSV puede agravar la existencia de desiertos farmacéuticos en este país. Se estima que 41 millones de estadounidenses residen en entornos con “desiertos farmacéuticos” donde no pueden acceder a estos servicios.