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Si de algo puede vanagloriarse el modelo farmacéutico español regulado es la accesibilidad y capilaridad que aporta red conformada por 22.046 farmacias (según datos de 2018 publicados por el Consejo general de Colegios Oficiales de Farmacéuticos). La capilaridad de la red acarrea que más del 95 por ciento de núcleos poblacionales —desde pequeños pueblos a grandes ciudades— cuenta con botica o, en el ‘peor’ de los casos, botiquín farmacéutico. Ello conduce a su accesibilidad: el 98 por ciento de la población cuenta con una oficina de farmacia a menos de diez minutos de su domicilio.

En el mantenimiento de esta capilaridad y accesibilidad, del total de 22.046 farmacias deben tener una mención especial un total 858 establecimientos que tienen la consideración oficial de farmacias en situación de viabilidad económica comprometida (VEC) y, pese a ello, abren las puertas día a día para seguir ofreciendo servicio sanitario a la población (figura 1). Una catalogación que (desgraciadamente) se ‘consigue’ cuando la facturación pública por dispensación de recetas es inferior a los 12.000 euros mensuales y/o 200.000 euros/año. Como contrapartida, estas farmacias reciben la aplicación (gradual) de un índice corrector a su facturación. Eso sí, con un máximo de 833,33 euros mensuales que asumen las Administraciones regionales.

Estas 858 farmacias VEC con las que contaba España al cierre de 2018 —según un análisis de EDS con datos facilitados por las Consejerías de Sanidad autonómicas— supone un 3,9 por ciento de la red nacional. Es decir, un 3,9 por ciento de la red de farmacias estaría en situación de inviabilidad económica y, por ende, riesgo de cierre. Otro de los datos negativos alude a que el 92 por ciento de las farmacias VEC nacionales se ubican en el entorno rural, siendo en muchos casos (y horas) el único servicio sanitario existente en determinados municipios y en un contexto de permanente y acuciante despoblación del medio rural.

Aún así, la cifra de farmacias VEC existentes en 2018 es el dato histórico anual más bajo desde que se tiene en cuenta oficialmente esta consideración (2011). Una cifra que es mejor que el cierre de 2017 (895 boticas VEC) y el de 2016 (973). Así las cosas, en los últimos tres ejercicios completos (2016-2018), 115 oficinas de farmacia han logrado salir del pozo de la inviabilidad económica. Cabe recordar que la cifra de farmacias VEC, así como sus fluctuaciones al alza o baja, suele ser considerada un buen termómetro para medir la salud económica de la red de boticas. La tendencia a la baja del último trienio confirmaría asimismo los informes que coinciden en señalar una incipiente recuperación económica general del sector.

La visión pesimista invitaría a no olvidar, asimismo, que esta cifra puede también verse reducida por el hecho de que determinadas farmacias hayan dejado de tener esta catalogación porque, directamente, sus titulares no han aguantado más esta situación y han optado por echar el cierre definitivo. España tiene su último ejemplo en la oficina VEC del municipio de Villanueva de Alcorón (182 habitantes) ubicado en Guadalajara. Su titular ha sido el más reciente caso de comunicación de cese de actividad. Su ratio de potenciales usuarios era un 1000 por ciento menor que la media nacional (2.112 habitantes/farmacia)1.

Cerca del 4% de la red de farmacias (858 boticas, en su mayoría rurales) no alcanzan la factura pública mínima que fija la ley (12.000 e/m)

Igualmente, la reducción del número de farmacias inviables no debe impedir ver, por otra parte, la “cronicidad” de este problema. En especial, lo difícil que supone para una botica VEC —o sus titulares, tanto monta— salir de este pozo de la inviabilidad. Y es que en aquellas CC.AA. donde se reducen las cifras, se hace con ‘cuentagotas’. Incluso, en 13 regiones, las cifras se mantienen intactas o bien han fluctuado al alza ligeramente. Solo Canarias se mantiene, un año más, como región ‘histórica’ en la que no hay boticas VEC.

El análisis en torno a las farmacias VEC suele tener sus tradiciones. Así las cosas, igual que Canarias lo es en positivo, Castilla y León suele acaparar el extremo opuesto. Un extremo en el que, también para no perder la costumbre, vuelve a estar acompañada de Navarra (11 por ciento) y Castilla-La Mancha (10,9).

De vuelta a Castilla y León, y pese a que ha visto como en dos años 28 farmacias salían de este listado ‘negro’, ello no evita que un ejercicio más sea la CC.AA. con la red de farmacias más empobrecida: un 14 por ciento de sus boticas reciben la aplicación de un índice corrector a su facturación, como consecuencia de su marcado carácter rural y la dispersión poblacional.

Al menos, en esta región el mapa farmacéutico sigue ‘congelado’ sine die por decisión de su Administración. No obstante, el análisis provincial deja aún síntomas preocupantes. Por ejemplo, casi un tercio de la de farmacias en Soria es VEC (28 por ciento)2. El problema de ‘sobreexceso’ de farmacias VEC también es palpable en otras provincias castellanas como Guadalajara (36 de 149) y Cuenca (44 de 176), las cuales también se mueven en porcentajes de VEC próximos a una cuarta parte de sus redes.

Ahora bien, la cronicidad del problema —en referencia a su estabilidad— tiene sus mejores ejemplos en el litoral norte del país. Y es que tanto Galicia, como Asturias, Cantabria y País Vasco han visto permanecer intactas sus —dicho sea de paso, escasas— cifras de farmacias inviables. También podrían sumarse Cataluña, Baleares y Extremadura, con oscilaciones positivas o negativas de un establecimiento.

Compensaciones ¿insuficientes?

Un incremento de los márgenes para oficinas de farmacia que cumplan una serie de condiciones, entre ellas, tener unas ventas totales inferiores a 200.000 euros/año y estar ubicadas en el medio rural y/o entornos marginales. Así, una vez aprobado, y en función de sus ventas mensuales, cada oficina de farmacia vería incrementada su facturación en una cuantía que oscila entre 0 y 833,33 euros (tabla 1). Ahora bien, esa normativa limita el acceso a este mecanismo de corrección de márgenes a las farmacias de ubicación en entorno rural —en torno al 90 por ciento de las actuales farmacias VEC— o de baja población, siendo posteriormente el RDL 16/2016 quien elimina este criterio selectivo geográfico/poblacional y permite también a los establecimientos urbanos inviables acceder a este índice corrector.


Aunque el descenso en la cifra de farmacias VEC que se viene experimentando desde 2016 hace que los desembolsos sean ahora menores, las Comunidad Autónomas suelen abonar en estas ‘compensaciones’ en torno a 2,9 y 3 millones de euros en su cómputo general anual. Unas cifras que parecen nimias en la comparación con el gasto farmacéutico total por receta pública en 2018 (10.476 millones de euros)3 e incluso respecto a las propias aportaciones directas en función de su facturación pública que deben realizar las farmacias a tenor del real decreto 5/2000. Solo por estas deducciones directas, la red de farmacia financia anualmente al SNS con cerca de 230 millones de euros, lo que supone una media para cada establecimiento entre el 2,5 y 3 por ciento de la facturación (sobre 21.000 euros anuales por oficina de farmacia). Es decir, las Administraciones Públicas (las receptoras de estas aportaciones) retornan en las farmacias VEC —con fondos propios del conjunto de farmacias— apenas el 1 por ciento de lo recaudado por el RD 5/2004.

Según estimaciones de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar), plasmadas en su informe RDL 9/2011: Estudio sobre el Impacto de su aplicación en la Oficina de Farmacia, a pesar de que una farmacia VEC puede recibir un máximo de 833 euros mensuales, la media se sitúa cercana a los 300 euros/mes (en torno a 3.600 euros/año)5. Cabe recordar que la escala de compensaciones sin tan siquiera es anualmente actualizada en función de las variaciones del IPC.

Por todo ello, Sefar denuncia que estas cantidades son “exiguas e insuficientes” para asegurar la viabilidad de estas farmacias y, por ende, el mantenimiento del servicio. En su denuncia se basan en los costes básicos fijos mensuales que acarrea para el titular de una farmacia abrir su negocio, y que esta sociedad sitúa en 1.230,89 euros/mes6 (tabla 2 y Figura 2).

Medidas esenciales para farmacias “esenciales”

En los últimos años, cara a mantener estas farmacias que desde Sefar se consideran “esenciales” y la accesibilidad a servicios sanitarios básicos en al ámbito rural que favorezcan el arraigo en estas zonas y doten de uniformidad a la prestación farmacéutica en todo el país, la sociedad científica ha presentado una serie de propuestas de índole normativo y económico.

Por ejemplo, una de ellas pasaría por modificar el actual mecanismo de compensación a estos establecimientos y de las normativas en las que se sustentan (RD 823/2008 y RD 9/2011) cara a equiparar la retribución neta de un farmacéutico titular de oficina VEC con la de un farmacéutico de la Administración. El camino para ello pasaría por aumentar las cantidades aportadas mediante los índices correctores de márgenes. En concreto, según los cálculos de Sefar bastaría con aumentar en 0,5 puntos porcentuales los recursos económicos que destina el SNS en estas boticas (un 1 por ciento del total). En cifras totales, en torno a los 40 millones de euros anuales.

La Sefar denuncia que este índice corrector (un máximom de 833 e/m) ni siquiera cubre los gastos fijos de abrir una botica VEC: luz, agua, etc.

Más recientemente, esta sociedad sumaba una nueva propuesta para que este tipo de farmacias “esenciales” contasen con un “marco regulatorio diferenciado” que asegurase su subsistencia al pasar a formar parte de los Planes de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (PDRS) y las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural (Detor) que promueven las comunidades autónomas a tenor de lo estipulado en la Ley 45/20077

Primero de todo, hay que catalogar el concepto “esenciales”. Según la definición propuesta por esta sociedad, serían aquellas “que según la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural están ubicadas en una zona rural prioritaria a efectos de aplicación del PDRS y que cumplan a su vez los requisitos económicos que en cada momento se determinen para ser reconocidas como VEC” (figura 3).

Para estas farmacias “esenciales”, Sefar pide una serie de medidas “que permitan eliminar el déficit que el sistema retributivo generalista mantiene con estas boticas y que necesitan una actuación prioritaria por las Administraciones”. Para ello se propone la inclusión de estas farmacias en los Planes de Desarrollo del medio Rural y o