El camino trazado por la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) no ha estado exento de polémica. El proyecto de norma diseñado por el Ejecutivo busca dentro de su reformar modificar parte de la estructura sobre la que se cimenta el modelo sanitario actual, revisando legislación tan relevante como la 14/1986 o 16/2003. Sin embargo, el punto de fricción más importante es el de la derogación de la Ley 17/1997, donde las diferencias se han hecho extensibles desde la oposición hasta el propio Gobierno de coalición. Todo ello pasando, como no podía ser de otra forma, por un sector privado que podría ver limitada su actividad de salir adelante la citada Ley de Equidad.
La tramitación del anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) continuará su curso tras recibir la aprobación en segunda vuelta del Consejo de Ministros. Tal y como ha especificado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la norma se centra en la ampliación derechos suprimidos como parte del Componente 18 del Plan de Recuperación, dando además cumplimiento a 16 propuestas de resolución del dictamen elaborado por la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados.
Tal y como ha recordado la ministra, su llegada supone además la modificación de leyes sanitarias nacionales como la Ley General de Sanidad 14/1986 o la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad. Al mismo tiempo, la nueva normativa vendrá a derogar la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el SNS, en el que es además uno de los puntos que ha generado mayor controversia en el sector.
En palabra de Darias, la nueva Ley de Equidad con voluntad de incrementar el valor de lo público. “Los sistemas sanitarios públicos son garantes de vida. Además, actúan como motor económico y constituyen uno de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar de ahí la importancia de seguir fortaleciendo y de, sobre todo, consolidar los que son los vectores clave del SNS”.
La ministra ha apuntado los principales objetivos específicos hacia los que apunta el texto legislativo elaborado por el Gobierno, el cual deberá ser aprobado por el Congreso. El primero de ellos es el de “blindar la sanidad pública, identificando como modelo de gestión la gestión directa prestada por las propias administraciones públicas o también mediante la creación de consorcios cien por cien de titularidad pública”.
Adicionalmente, la ley establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta “bajo una visión complementaria y de apoyo nunca sustitutoria”, ha apreciado la ministra. Así, ha indicado que las administraciones deberán cumplir una serie de requisitos —determinados por el Consejo Interterritorial (CISNS)— para recurrir a fórmulas de gestión indirecta cuando no se pueda satisfacer mediante gestión directa.
De otro lado, Darias ha resaltado que el anteproyecto de ley de equidad contempla también la exención de copagos ortoprotésicos ya beneficiados anteriormente por la supresión ya acometida en este sentido por el Gobierno. Asimismo, la Ley de Equidad ampliará los derechos con cargo a fondos públicos a la asistencia sanitaria a personas reagrupadas y para personas de origen español que se encuentren residente en el exterior.
Además, entre las previsiones que marca esta reforma se encuentra la creación, como entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Sanidad, del consorcio de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (RedETS). La justificación que argumenta el departamento dicha red se encuentra limitada actualmente en el desarrollo de sus actividades (tanto a nivel nacional como internacional), al no contar con personalidad jurídica propia y diferenciada.
Evaluación y pacientes
Entre los aspectos relevantes de la norma destaca el establecimiento de la evaluación del impacto en salud en las iniciativas legislativas del Gobierno “concretamente en las normas de carácter sectorial aquellas que tengan que ver con los determinantes de salud”, ha avanzado la responsable, quien ha calificado esta medida como “determinante en la implantación efectiva y sistemática de la salud en todas las políticas “buscando sinergias y favoreciendo siempre la salud de la población y la equidad sanitaria”.
De este modo, será una serie de indicadores con ratios determinados los que determinen si la actuación de las políticas públicas —tanto la llevada a cabo como gestión directa como la indirecta— los que acrediten la evaluación de las que se están llevando a cabo.
La participación de los pacientes en los órganos del Consejo Interterritorial se haría efectiva a través de un foro abierto de salud permanente
En última instancia y no por ello menos importante, la Ley de Equidad responderá a la demanda de participación de los pacientes en los órganos del Consejo interterritorial. “Ya existía de manera temporal el foro abierto de salud, que ahora adquiere naturaleza permanente”, ha precisado la ministra, quien ha enumerado las asociaciones de pacientes o los colegios profesionales entre los actores que formarán parte del mismo.
La privada pide “un cambio de discurso”
La Fundación IDIS ya hizo público su malestar con respecto a esta norma y sus consideraciones sobre colaboración público-privada, ensalzadas durante el fin de semana previo a su aprobación por el presidente del Gobierno. De este modo, la entidad califica de “difícilmente entendible” que los problemas que afectan al sistema sanitario público se sigan tratando de vincular a privatizaciones que no son tales.
A este respecto, IDIS aprecia que las afirmaciones a este respecto de Sánchez son “el reflejo de un clase política que vive de espaldas a la realidad del sistema”. Esta, detallan, se ve afectada por el “aumento desproporcionado de las listas de espera para diagnóstico y tratamientos, falta de cohesión entre CC. AA., desigualdades en el acceso a nuevas tecnologías o fármacos ya aprobados”.
Precisamente destacan el papel de la privada como parte de la solución, pues los pacientes recurren a la sanidad privada “en cualquiera de sus formas de aseguramiento y provisión para tener una atención sanitaria que de otra forma se está haciendo inaccesible”. A este respecto piden escuchar la voz de la población, materializada en cifras a través de su reciente barómetro de percepción del sistema. Como conclusión, IDIS reclama un cambio de discurso que reconozca al sector privado como “un aliado estratégico cada vez más imprescindible para atender las necesidades de la población”.
Recomendaciones de la AES
Durante el mes de noviembre, cuando el Gobierno anunciaba el inicio del proyecto de Ley, la Asociación de Economía de la Salud (AES) elaboró un documento que incluía una serie de propuestas de mejora. Estas ideas se desarrollan como una serie de recomendaciones “constructivas” que pretenden mantener “vigorizado” el Sistema Nacional de Salud. Para ello, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) ha elaborado el documento junto a la AES.
Evaluar de forma continua las políticas sanitarias es una de las principales reclamaciones de la AES, que lamenta “la ausencia histórica de una verdadera cultura evaluadora en la Administración española que impide contar con evidencia suficiente y rigurosa sobre cómo han funcionado hasta el momento las distintas fórmulas de gestión sanitaria, ya sean íntegramente públicas o de colaboración público-privada”.
En este contexto, la asociación, que ya se adhirió a un manifiesto en 2020 que proponía crear un órgano independiente que se encargue de la evaluación económica, propone la creación de una institución independiente de evaluación de las prestaciones sanitarias, incluyendo la evaluación económica y su impacto presupuestario.
La AES ha lamentado que no se invierta en capital humano en el Plan de Recuperación
Asimismo, la asociación destaca la gestión pública directa “como forma preferente para la prestación y gestión de servicios sanitarios y sociosanitarios”. Sin embargo señalan la posibilidad excepcional de valorar el recurso de poder establecer otras formas de gestión.
De acuerdo con los expertos de AES, cualquier decisión en este sentido debe dirimirse en el terreno de la evaluación pues “parece equivocado dejar según qué decisiones a las preferencias ideológicas”. De hecho, según AES, el anteproyecto “parece ignorar el progresivo deterioro del SNS”, una situación que se evidencia en “la pérdida del porcentaje de financiación pública -ya por debajo del 70 por ciento-, el aumento del aseguramiento privado, y el olvido del capital humano”.
Además, lamentan que el componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia proponga invertir en compra de aparatos, pero no en capital humano.
Contratación
El documento de AES también hace referencia al hecho que el anteproyecto afirma que —tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público— el recurso excepcional a otras fórmulas de gestión deberá de contar obligatoriamente con una memoria que justifique desde el punto de vista sanitario social y económico la necesidad de acudir a ellas.
En cambio, advierte AES que “se omite el precepto simétrico del artículo 294 por el que el rescate de una concesión requerirá además la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional”.
El documento presentado por AES también pone de manifiesto la falta de cohesión y la quiebra de equidad en el acceso a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) que permite que amplios colectivos de empleados públicos —entre los que no se cuentan los sanitarios— tengan derecho a recibir asistencia sanitaria por una aseguradora distinta al conjunto del SNS.
Por otro lado, uno de los aspectos positivos que destacan desde la AES es la refundación de las tres modalidades existentes (la cartera común, la suplementaria y los servicios accesorios) en una sola cartera común de servicios del SNS, situación que genera ciertas desigualdades entre comunidades autónomas.
