Se entiende por salud pública el conjunto de actividades organizadas por las Administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas del territorio o región, tanto en el ámbito individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales. Su importancia en los últimos años, más allá de su relevancia previa, ha alcanzado un nuevo nivel. La ‘culpable’ no fue otra que la COVID-19, que ha supuesto catalizador de cambios a nivel estructura en España y en todo el mundo. Como resultado, la reforma de este área viene dando pasos en firme para adaptarse a los nuevos retos que puedan llegar a enfrentarse a futuro
Desde que la pandemia fuera declarada como tal en 2019, la fotografía de la salud pública en España es muy distinta a la que entonces existía. La amenaza global del SARS-CoV-2 ha cambiado para siempre las estructuras de defensa contra enfermedades transmisibles dentro y fuera de las fronteras nacionales. No obstante, esta área aborda también patologías no transmisibles de alto impacto cuya atención y vigilancia se han visto reforzadas también en este lapso temporal. Como no podía ser de otra manera, las vacunas también se han consolidado como una de las armas más eficaces en prevención de la enfermedad.
En España, la Comisión de Salud Pública (CSP) del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), donde están representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, este papel coordinador y cohesionador lo ha desempeñado. En la defensa contra la COVID-19 ha participado de documentos, posicionamientos y directrices en todo el territorio; como resultado de un trabajo creciente desde inicios de 2020, también ahora es parte vital en el diseño la nueva salud pública nacional.
Concretamente, se han sentado las bases de ella en la Estrategia de Vigilancia en Salud Pública del SNS, un documento técnico en todos los ámbitos que se sitúan para su paraguas y uno de los puntos esenciales de la Declaración de Zaragoza. De esta parte la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, ‘contenedor’ de cuatro consultas previas del mismo número de proyectos de RD en el camino de Sanidad.
Las ‘patas’ de la Red de Vigilancia
Antes de que el Gobierno determinara el concurso de comicios anticipados, el ministerio continuaba conformando la estructura sobre la que buscaba cimentar una ‘nueva’ vigilancia en salud pública. Concretamente, se querían dibujar cuatro parcelas: la monitorización del cáncer, de las enfermedades transmisibles y de la salud laboral, así como el desarrollo de un Plan Estatal de preparación y respuesta frente a amenazas para la salud pública.
Para todas ellas, Sanidad abrió su buzón de sugerencias hasta el 19 de mayo, fecha en que finalizaría el envío de aportaciones para los cuatro textos, que tienen como ‘contenedor’ la citada Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. Precisamente, la consulta pública de esta se produjo en febrero de 2022.
Con sus especificidades inherentes, estos ‘pre-RD’ suponían así el borrador de tres sistemas bajo un mismo paraguas. La voz discordante la marcaba el Plan Estatal de preparación y respuesta frente a amenazas para la salud pública, donde se puntualizó que se diseñaría el “mecanismo de declaración de una situación de emergencia de salud pública a nivel nacional y de la formulación de recomendaciones temporales sobre medidas coordinadas de salud pública”.
Como parte de estos compromisos de la Ley 33/2011 figura la mencionada regulación del Sistema de Vigilancia de Cáncer, “que forma parte del Sistema de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles”. Se establecía así la necesidad de determinar su configuración y funcionamiento para “recoger, analizar, interpretar y difundir información epidemiológica relacionada con el cáncer en España y los factores que la condicionan”. En este punto, la consulta señala que el fin último es “fundamentar las actuaciones de salud pública orientadas a proteger y promover la salud de la población y a prevenir la enfermedad, e incorporar un enfoque de equidad”. Así las cosas, se pretendía conocer la incidencia, prevalencia y supervivencia del cáncer por sexo, grupo de edad, localización anatómica, tipo histológico y otras variables de interés en España.
Además, Sanidad se marcaba como objetivo de este RD contribuir a la identificación de los grupos de población de mayor riesgo y “facilitar la información que oriente la planificación y la gestión de los recursos sanitarios, así como la evaluación de la calidad asistencial”. También se pretendía apoyar en la evaluación de los programas poblacionales de cribado, promover la difusión de la información recogida y fomentar la investigación epidemiológica y la formación relacionada con el control del cáncer, “especialmente de los factores determinantes asociados”.
Así, el RD buscaría hacer las veces de marco normativo para alcanzar un desarrollo homogéneo de la vigilancia del cáncer en el territorio nacional, con mecanismos de coordinación y configurando un enfoque integral. En este camino, el ministerio dotaría al sistema de una gobernanza propia y, al igual que en el resto de sistemas de vigilancia que formarán parte de la Red de Vigilancia en Salud Pública, su funcionamiento se detallaría en un manual de procedimientos y en los protocolos de vigilancia de enfermedades no transmisibles, armonizados en el seno del CISNS.
Agencia Estatal de Salud Pública: una tarea del próximo Gobierno
Uno de los pendientes, ya desde la configuración de la Ley de Salud Pública en 2011, es la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, comprometida como prioridad también en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso en contexto COVID-19. Desde entonces se ha avanzado, pero sus progreso no han trascendido más allá del papel y se quedaron en el camino hacia su tramitación parlamentaria.
Fue el pasado febrero cuando la ex ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció la aprobación en segunda vuelta del anteproyecto de ley por el que se crearía la citada Agencia “para estar preparados en futuros retos emergentes en materia de salud”. El Gobierno solicitó entonces su tramitación de urgencia para “disponer cuanto antes de la entrada en vigor de esta Agencia”, pero no se llegaron a dar más pasos.
Sanidad llego a publicar durante los primeros días de septiembre de 2022 el anteproyecto de Ley, esclareciendo algunas de las líneas troncales planificadas por el Gobierno central. El documento reflejaba así la intención de dar a la Agencia personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión. Además, se apuntaba que la AESAP se adscribiría orgánicamente al Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría de Estado de Sanidad.
A nivel económico, el documento desglosaba el impacto económico estimado de la Agencia de Salud Pública. Entre ellos, detallaba movimientos en clave de recursos humanos, como la integración en la AESAP de una serie de puestos de trabajo procedentes tanto de Sanidad (49 puestos), como del Instituto de Salud Carlos III (13 puestos), que comportan un montante de 2,8 millones de euros que se transferirían a este organismo. Por su parte, la creación de nuevas plazas, tanto para las nuevas funciones a desarrollar por la Agencia, como para atender las funciones horizontales, ascenderían a más de 9 millones de euros.
En un compendio general que todavía no comprende los gastos de ubicación de la sede al todavía no haberse decidido, se preveía que alcanzara un impacto presupuestario de 11,7 millones de euros, si bien los gastos corrientes junto a otras variables apuntaban a una cifra total de 14,26 millones de euros. Del mismo modo, se detallaron los fines que este organismo perseguiría:
• Desarrollar y ejecutar las competencias del Ministerio de Sanidad en relación con la Vigilancia en Salud Pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 33/2011, coordinando y evaluando el funcionamiento de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública.
• Contribuir a la preparación del sistema sanitario ante riesgos y amenazas para la salud pública y a la coordinación técnica de la respuesta, en línea con lo previsto en la Estrategia de Seguridad Nacional.
• Contribuir a la mejora de la salud y el bienestar de la población y a la reducción de las inequidades en salud, mediante su participación en la elaboración de actuaciones de prevención y control de enfermedades, de protección de la salud, así como el seguimiento y la evaluación de la Estrategia de Salud Pública y otras intervenciones y políticas públicas con efecto en la salud.
• Reforzar la coordinación operativa con las instituciones de salud pública de las distintas administraciones públicas, así como servir de punto de enlace con los centros e instituciones de salud pública de la Unión Europea e internacionales en las materias de su competencia.
• Impulsar el trabajo en red con todos los recursos disponibles en la Administración General del Estado, administraciones autonómicas y locales, entidades académicas y de investigación, para articular una política de salud integral, garantizando la seguridad sanitaria y abordando de manera solvente los retos presentes y futuros para la salud pública.
• Contribuir al diseño y evaluación de políticas e intervenciones en entornos sanitarios y no sanitarios que tengan como objetivo reducir las desigualdades sociales en salud, favoreciendo el enfoque de “Salud en todas las políticas”.
• Contribuir al desarrollo profesional de las personas trabajadoras en la salud pública, su capacitación, captación y retención del talento, así como a la generación y movilización del conocimiento
Registro de vacunación: la ‘última’ iniciativa de la Administración
La confección definitiva de un registro estatal de vacunación en España fue la última consulta pública previa realizada en esta materia por Sanidad antes del adelanto electoral. Concretamente, versaba sobre el proyecto de Real Decreto para la creación y regulación de Sivain, nombre con el que se bautizó al sistema de información en vacunaciones e inmunizaciones, y para el cual ya se aprobó la distribución de cinco millones de euros para su desarrollo en el seno del Consejo Interterritorial (CISNS) a finales de 2022.
La intención de construir esta guía se remonta al aprendizaje de la COVID-19 como parte de los procesos de inoculación de vacunas a la población, momento en que se creó Regvacu para monitorizar y hacer seguimiento del mismo en el marco de la estrategia nacional. Fue en febrero del pasado curso cuando, con este registro como modelo, el Pleno del CISNS decidió acometer la creación de otro para el registro, gestión y evaluación de todos los programas de vacunación, así como para la recogida de información sobre las dosis administradas en todo el territorio.
Tal y como acreditaba la consulta publicada, sellada por la Secretaría de Estado de Sanidad y la Dirección General de Salud Pública del ministerio, Sivain permitiría disponer no sólo de los datos de las vacunas, sino también de fármacos administrados que proporcionan inmunización pasiva. Del mismo modo, precisaban que este sistema incluirá en sus cifras las inoculaciones más allá del SNS, mencionando así al sector privado, Sanidad Exterior y Ministerio de Defensa.
La consulta pública de Sivain ha sido el último paso impulsado entre una serie de medidas para reforzar la salud pública nacional
El texto referenciado listaba los problemas a resolver que tendría por objetivo Sivain, entre los cuales se anotaba la disposición de información capaz de avalar la toma de decisiones en salud pública, y “establecer medidas de prevención, control y en su caso erradicación de enfermedades inmunoprevenibles”. Asimismo, se abogaba por conocer el estado de coberturas vacunales para establecer mejores respuestas.
Asimismo, el registro facilitaría el contar con información homogénea, oportuna, desagregada para la comparabilidad y normalización de los datos, la coordinación y evaluación de los programas de vacunación, además de la monitorización en tiempo real. En este sentido, Sanidad planteaba que Sivain garantizaría la interoperabilidad de los datos con otros sistemas de información para la vigilancia en salud pública y farmacovigilancia.
Entre otros objetivos señalados, se marcaba la voluntad de favorecer que las personas que se desplacen en el territorio puedan continuar con sus calendarios de vacunación, garantizar que la notificación supranacional sobre vacunaciones se realice “en tiempo y con datos de calidad”, así como la ampliación del campo de la investigación en vacunación.
