El anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud acaba de recibir, al cierre de esta edición, la aprobación en segunda vuelta en el Consejo de Ministros. Su creación, según explica la ministra de Sanidad, Carolina Darias, supone el cumplimiento de 16 propuestas de la resolución del dictamen elaborado por la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados en julio de 2020.
Si finalmente logra superar la tramitación parlamentaria, implicará también la modificación de la Ley General de Sanidad 14/1986 o la Ley 16/2003 de Cohesión y derogará la controvertida Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el SNS, uno de los puntos más espinosos del nuevo texto.
La ministra insiste en que esta iniciativa nace con voluntad de incrementar el valor de lo público y cita como objetivo fundamental el de “blindar la sanidad pública, identificando como modelo de gestión la gestión directa prestada por las propias administraciones públicas o también mediante la creación de consorcios cien por cien de titularidad pública”.
La ley establece, no obstante, excepciones puntuales que habilitan la gestión indirecta, “bajo una visión complementaria y de apoyo y nunca sustitutoria”, de manera que las administraciones deberán cumplir una serie de requisitos, determinados por el Consejo Interterritorial, para acudir a fórmulas de gestión indirecta cuando no pueda ser satisfecha mediante gestión pública. Asimismo, incorpora una disposición última final, quizá el punto más polémico, que plantea la modificación legislativa normativa a nivel de estado para facilitar la reversión de procesos de gestión indirecta.
Es de esperar que ni las palabras de Carolina Darias ni las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alabando la futura norma a pocos días de la llegada del texto al Consejo de Ministros, tranquilicen los ánimos del sector sanitario privado. Más bien al contrario.
Desde la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), insisten en que es “difícilmente entendible” que se siga tratando de vincular a privatizaciones que no son tales los problemas que afectan al sistema sanitario. Las afirmaciones de Sánchez, remarcan, son “el reflejo de un clase política que vive de espaldas a la realidad del sistema”. Una realidad que, según su visión, se ve afectada por el “aumento desproporcionado de las listas de espera para diagnóstico y tratamientos, la falta de cohesión entre comunidades autónomas, o las desigualdades en el acceso a nuevas tecnologías o fármacos ya aprobados”.
Del mismo lado, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha expresado su inquietud ante la aprobación de una ley con cuya implantación, según su análisis, “España se convertiría en el único país de la Unión Europea que excluye al sector empresarial sanitario de su Sistema Nacional de Salud”.
Consideran así que “la pretensión de llevar a cabo acciones como derogar la Ley de Formas de Gestión 15/1997 para revertir los conciertos de salud son propuestas sustentadas únicamente en razones ideológicas y que ignoran totalmente criterios objetivos que miden, en base a las estadísticas del propio Ministerio de Sanidad, la eficacia del modelo colaborativo en materia de salud”.
Advierten también de que “es pasar por alto la Ley General de Sanidad de 1986, que contempla y regula las fórmulas colaborativas para desahogar listas de espera, campañas de atención médica puntual, el sistema de mutualidades de funcionarios y las concesiones administrativas para la gestión de determinados complejos sanitarios”.
En definitiva, tal y como resume el presidente de ASPE, Carlos Rus: “una Ley de Equidad que proscribe a la sanidad privada del Sistema Nacional de Salud es una norma que no tiene en cuenta que hubiera sido imposible afrontar esta pandemia del COVID sin tener a los recursos privados a disposición”.
La cara visible de la sanidad privada
La Alianza de la Sanidad Privada Española es la patronal del sector en nuestro país. Agrupa a cerca 1.300 entidades sanitarias privadas, entre las que se encuentran hospitales y clínicas, centros especializados, laboratorios, empresas de transporte sanitario, etc. Representa a más del 80 por ciento de los centros hospitalarios privados en España.
La Fundación IDIS, por su parte, es una entidad constituida en mayo de 2010 que aglutina al sector sanitario privado y que tiene como finalidad promover la mejora de la salud de los ciudadanos y defender el sistema sanitario español en su conjunto, a través de la puesta en valor de la aportación de la sanidad privada, tal y como reza en su declaración de intenciones.
Desde su puesta en marcha, con 12 representantes de los principales grupos de hospitales y clínicas privadas, pero también de compañías aseguradoras, en su patronato fundacional, trabajan con la premisa de que la sanidad privada ni compite ni es una alternativa a la sanidad pública, sino que ambas deben complementarse.
Patronal y fundación se defienden, a la par, de lo que consideran ataques continuos e injustificados con sesgo ideológico. “Somos un aliado estratégico, un recurso flexible y absolutamente necesario”, insiste el presidente de ASPE. En sintonía con IDIS, que reclama un cambio de discurso que reconozca al sector privado como “un aliado estratégico cada vez más imprescindible para atender las necesidades de la población”.
La pandemia de COVID-19, un punto de inflexión
La visión de ambas es que, en la práctica, la pandemia de COVID-19 ha evidenciado el papel del sector privado en la sanidad española. Como en la pública, el impacto de la pandemia ha sido evidente y ha hecho aflorar sus debilidades y fortalezas. El sector privado prefiere, no obstante, interpretarlo como una oportunidad para reforzar sus cimientos y repensar el modelo.
Marta Villanueva, secretaria general de IDIS, describe así la situación actual de la sanidad privada y su lugar durante la pandemia en una entrevista con EDS. “El papel de la sanidad privada ante la crisis de la COVID-19 ha sido y sigue siendo clave, ya que a lo largo de la pandemia la sanidad de titularidad privada lleva atendido a cerca del 30 por ciento de los pacientes”, asegura.
La sanidad privada ha atendido a cerca del 30 por ciento de los pacientes COVID-19 en la pandemia
“Sin el apoyo de la sanidad privada el sistema hubiera colapsado y hubiera traído más consecuencias a nivel de mortalidad y problemas a nivel económico y social. El sector de la sanidad privada ha reconfirmado su compromiso con la sociedad dando lo mejor de sí y con un único objetivo, salvar vidas, curar, cuidar y prevenir”, añade.
La secretaria general remarca que desde la sanidad de titularidad privada se siguen aportando todos los recursos para seguir avanzando y creen que es fundamental seguir sumando esfuerzos para aportar valor al sistema sanitario en general y, por lo tanto, a la sociedad. “Creemos en las sinergias y simbiosis de las dos titularidades de provisión y aseguramiento para hacer frente a los retos a los que se enfrenta la sanidad y siempre con el objetivo final de que el paciente se convierta en el principal protagonista del sistema una vez que es corresponsable de la gestión de su propia salud y dueño de sus datos”, continúa.
Por todo ello, destaca que “es hora de huir de todo intento de politización y ponerse manos a la obra, ya que es importante ver a la sanidad de titularidad privada como un aliado que forma parte de la solución y no del problema como algunos están empeñados en reflejar”.
“Es cierto que la pandemia ha supuesto un gran esfuerzo para la sanidad en su conjunto, también para la privada”, explica a EDS Luis Mendicute, secretario general de ASPE. “La situación pandémica ha tensionado todos los dispositivos sanitarios y, sobre todo, la escasez de profesionales hace que los centros tengan unos retos por delante que se han agudizado con la crisis sanitaria”, añade.
El riesgo de “morir de éxito”
Las dificultades de acceso en la sanidad pública también han repercutido en el sector privado, que confía en no “morir de éxito” por el aumento de una demanda, materializada en el incremento de las pólizas de aseguramiento de bajo coste, que hace difícil, con los recursos actuales, mantener la calidad asistencial a la que están acostumbrados sus pacientes habituales y también sus señas de identidad, como es el acceso rápido a la atención de los especialistas.
Villanueva admite que la crisis sanitaria ha traído con ella un incremento en el número de pólizas y asegurados, es decir, sigue una tendencia en alza que se viene observando de mantenida desde hace años. “Las listas de espera y el colapso de la sanidad pública han sido, sin duda, los principales motivos que han llevado a mucha gente a contratar seguros para poder ser atendidos de sus patologías”, apunta.
La secretaria general de IDIS recuerda que, a marzo de 2022, según datos de ICEA, se alcanzó la cifra de 13,6 millones de asegurados, lo que supone un incremento del dos por ciento respecto al cierre del año anterior teniendo en cuenta las diferentes modalidades de seguro de salud. La modalidad que más crece es la de reembolso de gastos, siendo un 3,4 por ciento superior a la del cierre del ejercicio 2021 (asistencia sanitaria crece un 2,1 por ciento). El crecimiento del volumen de pólizas imputadas del total salud ha crecido un 7,5 por ciento en este mismo periodo de tiempo.
En su día, el presidente de IDIS, Juan Abarca, ya alertó del impacto del gran aumento de pólizas de bajo coste ante el colapso de la pública, y reclamó medidas a las autoridades para poner freno a la situación y recuperar una estabilidad que permita a los centros privados recobrar su dinámica de trabajo y seguir manteniendo la calidad en la atención sanitaria.
“Creemos en las sinergias y simbiosis de las dos titularidades de provisión y aseguramiento para hacer frente a los retos de la sanidad”
Marta Villanueva, secretaria general de la Fundación IDIS
Para Villanueva, ahora el reto está en acompasar el incremento de la demanda asistencial con los recursos de todo tipo y para ello es importante tener en cuenta el enorme esfuerzo que está realizando el sector sanitario de titularidad privada para incrementar sus estructuras y mejorar los resultados sanitarios y de salud, así como para continuar esforzándose por conseguir los mejores indicadores de calidad certificados y acreditados.
Mendicuti aclara, no obstante, que el aumento del número de asegurados es multifactorial. “Por un lado, un número de personas tienen dificultades de acceso en la sanidad pública, pero no es lo único. La sanidad privada siempre ha aportado cosas y ha llegado a lugares en los que la pública tenía más dificultades”, asegura.
Según su análisis, es cierto que aumenta el numero de pacientes asegurados. De hecho, alrededor del 65 o el 70 por ciento de los pacientes que llegan a un centro sanitario llegan a través de un seguro privado. Además, está descendiendo el precio de las pólizas que ofrecen las aseguradoras y hace que, como correa de transmisión, el precio de las prestaciones vaya a la baja.
“La negociación entre centros y aseguradoras no siempre es fácil para los centros, ya que hay pocas compañías que acaparan un gran porcentaje de pacientes. Existe cierto desequilibrio y hace que bajen los precios y afecta a todo el mundo, también a los profesionales”, admite.
En cualquier caso, una vez finalizada la fase aguda de la pandemia, el portavoz de ASPE subraya que los centros privados están recuperando la normalidad. “Es difícil comparar actividad asistencial pre y post pandemia. Hay muchos factores que influyen, como el aumento de los asegurados. Sí percibimos que los pacientes que llegan lo hacen más graves, por esa demanda oculta que no se ha absorbido ya sea por la desprogramación en su día o por miedo a acudir al centro sanitario”, destaca. No hay que olvidar, insiste, que las intervenciones quirúrgicas bajaron más de un 22,5 por ciento en España, muchos pacientes dejaron de ser tratados y llegan ahora con enfermedades en estado más avanzado, indica.
Hoja de ruta
A partir del análisis de la situación actual como punto de partida, la patronal del sector sanitario ha presentado ya su hoja de ruta hasta 2026. Entre los objetivos principales, explica el secretario general de ASPE, destaca el de potenciar la colaboración público-privada contrarrestando los ataques ideológicos, en referencia a la Ley de Equidad.
Desde ASPE, como modelo de colaboración, no se habla solo de listas de espera, sino también de otras formas de colaboración altruista, como la que se realiza con la Organización Nacional de Trasplantes para potenciar las donaciones de órganos y tejidos y con la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios para reducir el consumo de antibióticos también en el sector privado.
Un tercer objetivo para el sector es plantear un cambio de paradigma en el modelo de aseguramiento. “El aumento en el número de pólizas con costes cada vez más bajos lleva a la saturación de los centros, que pueden perder sus notas características, como la accesibilidad, con aumento en las esperas en urgencias. No es bueno para nosotros como sector ni para la sanidad privada en su conjunto”, razona Mendicuti.
En esta hoja de ruta, otro objetivo fundamental es el impulso tecnológico y el acercamiento de las nuevas tecnologías. En este sentido, destaca proyectos como el Kunsen, una aceleradora de start ups que en sus primeros pasos está apoyando tecnologías de análisis radiológicos o análisis genético a los centros sanitarios privados.
Recursos: humanos y escasos
Sin embargo, el reto principal tiene que ver con una tecnología de precio y valor incalculable: los recursos humanos. Las dificultades en su gestión y la escasez amenazan al sector sanitario en su conjunto.
En nuestro país, recuerda Marta Villanueva, la privada emplea aproximadamente a 286.719 profesionales, de los cuales un 38 por ciento desarrollan su actividad en el ámbito intrahospitalario, mientras que el 62 por ciento restante lo hace en el ámbito extrahospitalario.
“El 23 por ciento de los empleos generados corresponden a médicos, 25 por ciento a enfermeros, y el 52 por ciento restante a otros profesionales sanitarios y no sanitarios que desarrollan su actividad profesional en el sector sanitario privado”, añade.
“La escasez de profesionales hace que los centros tengan unos retos por delante que ya existían, pero que se han agudizado con la crisis sanitaria”
Luis Mendicute, secretario general de ASPE
Las dificultades con los recursos humanos para la sanidad privada se arrastran desde hace años, y se han agudizado con la pandemia. “Somos conscientes de que la generación del baby boom está próxima a su jubilación y que en los próximos años habrá escasez de profesionales”, augura Luis Mendicuti, que alude al informe de Sanidad que señala el año 2027 como un momento crítico en el que faltarán 9.000 profesionales.
De cara a su sector, el secretario general de ASPE cita una encuesta entre los centros asociados que les ha proporcionado datos relevantes: “El 90 por ciento buscaban personal de enfermería, y el 58 por ciento estaban en búsqueda activa de médicos, en particular de determinadas especialidades como pediatría, anestesia o dermatología”, señala.
Sin duda, un problema que se agravará en el tiempo y ante el cual es preciso tomar medidas a corto, medio y largo plazo. Entre otras propuestas, la patronal pone el acento en el problema de las incompatibilidades, que se basa en un régimen de 1984 y se aplica de forma desigual en las diferentes comunidades autónomas. Mendicuti reclama una aplicación sensata que evite los conflictos de interés, pero que se modernice y no limite la compatibilidad.
El sector privado aboga por revisar las políticas sobre incompatibilidades de los profesionales sanitarios
Otro punto clave es la homologación de los títulos de Medicina y Enfermería para profesionales formados fuera de nuestro país. “Hay un atasco en el ministerio de Universidades para este procedimiento y un proyecto de real decreto que busca agilizarlo, pero que no llega. Esperamos que se haga lo antes posible”, afirma.
En la misma línea, el portavoz de la patronal pone el acento en el aumento de plazas MIR y recuerda que las necesidades fijadas ya hace años sitúan en 10.000 plazas de formación especializada las necesidades para cubrir demandas futuras. Aunque se ha incrementado esta cifra en los últimos años, situándose alrededor de las 8.000 plazas, sigue habiendo margen de mejora, advierte.
“Un profesional sanitario no se improvisa”
Para la portavoz de IDIS, la Administración tiene que tomar medidas urgentes para resolver las dificultades que plantea el mercado laboral sanitario por la escasez creciente de profesionales. “Un profesional sanitario no se improvisa, son muchos años de formación y por ello hay que trabajar en términos de realizar una auditoría exacta de necesidades, una estrategia que articule el uso de la tecnología digital como soporte clave del hecho asistencial y una promoción de aspectos tan importantes como el de la continuidad asistencial en todo el sistema sanitario y sociosanitario con participación de todos los profesionales que tienen que ver con el seguimiento y monitorización de cada paciente”.
También es preciso realizar políticas que permitan atraer el talento “convirtiendo a España en un polo de interés para los profesionales sanitarios adecuadamente formados”, así como una reordenación de las profesiones sanitarias ajustando y actualizando competencias, una mejora de las condiciones de trabajo y reconocimiento al esfuerzo, medidas de estímulo al desarrollo reconocido de carrera profesional y una reflexión acerca del carácter estatutario de la profesión en su vertiente pública entre otros muchos factores”.
Para finalizar, en materia de recursos humanos Villanueva considera fundamental impulsar la competitividad profesional e intercentros en el sistema basada en la mejora continua y el estímulo que supone lograr los mejores resultados sanitarios y de salud obtenidos contando con la experiencia perceptiva del paciente como uno de los indicadores clave de medida.
La sanidad privada en cifras
El gasto sanitario privado en nuestro país supone 33.398 millones de euros, el 2,7 por ciento del PIB. Es uno de los datos que recoge el Informe ‘Sanidad privada, aportando valor 2022’ con el que la Fundación IDIS realiza una radiografía actualizada del sector.
Además, si a este porcentaje se suma el 0,66 por ciento correspondiente al gasto sanitario público dedicado a atención sanitaria en centros de titularidad privada (conciertos, programas de listas de espera, etc.) la cantidad representa un total del 3,36 por ciento del PIB.
Según la interpretación de IDIS, el informe pone de manifiesto la contribución del sector a la sostenibilidad del sistema, que se sustenta en otro dato clave: los más de 9,8 millones de personas con doble aseguramiento (público y privado) que, en definitiva, reducen su consumo del sistema público en distinto grado, generando un ahorro que oscila entre los 5.679 y los 15.628 millones de euros, según el uso de cada recurso que hagan los titulares.
Además, si a esta cifra se suman los mutualistas, con un uso exclusivo de recursos de la privada y una financiación de sus pólizas muy por debajo del gasto sanitario público per cápita, la cifra de asegurados supera los once millones de personas. Un dato que ha crecido alrededor de un 3,8 por ciento entre 2016 y 2021.
Villanueva recuerda que en la actualidad nuestro país cuenta con 431 hospitales privados (que representan el 56 por ciento del total de centros hospitalarios, lo que corresponde a una dotación de 49.748 camas (32 por ciento del total de camas existentes en España).
El mismo informe refleja, además, que los centros privados llevaron a cabo una de cada tres cirugías, una de cada cuatro urgencias o una de cada cuatro ingresos en nuestro país.
Actualmente, nuestro país cuenta con 431 hospitales privados (que representan el 56% total de centros hospitalarios), lo que corresponde a una dotación de 49.748 camas (32% del total de camas existentes en España). Tal y como muestra el Informe ‘Sanidad privada, aportando valor: Análisis de situación 2022’ el sector privado llevó a cabo 1 de cada 3 cirugías, 1 de cada 4 urgencias o 1 de cada 4 ingresos en nuestro país.
La secretaria general de la fundación también insiste en desarrollan actividad de alta complejidad a través de la más avanzada tecnología y tiene un importante papel en la investigación. “Los centros privados han participado en 672 ensayos clínicos desde 2016, lo que supone casi el 52 por ciento del total. Paralelamente, el documento muestra el compromiso del sector, liderando la mejora continua de la calidad en la prestación asistencial (los centros cuentan con múltiples certificaciones que acreditan la calidad). Además, 147 entidades públicas y privadas cuentan con el Reconocimiento QH promovido por la Fundación IDIS”, destaca.
El informe también revela, sobre la base de una encuesta realizada a los centros, que el 45,5 por ciento de las entidades de servicios sanitarios privados utilizan soluciones de inteligencia artificial y el 47,7 por ciento cuentan con soluciones de servicios a distancia, con la videoconsulta como el servicio más desarrollado. El sondeo evaluó también la ciberseguridad y ha arrojado resultados de ciberataque en el 22,7 por ciento de los encuestados.
La percepción de la sociedad
Las últimas encuestas que reflejan la percepción de los españoles sobre la sanidad privada recogen, en opinión de Marta Villanueva, una “interiorización, una normalización de lo que es la sanidad privada dentro de la conceptualización de la sanidad”.
En su último análisis, realizado por Sigma DOS con encuestas a personas con y sin empleo de sanidad privada, su nota media se situó en un 7,3 por ciento, escenificando un crecimiento sostenido de esta valoración en los últimos años, pandemia mediante.
El grado de satisfacción de la sanidad privada registra una subida creciente y continuada desde 2020 y esta tendencia se observa tanto entre la población con seguro privado (llegando a un 7,5) como entre la población que solo dispone de sanidad pública (6,9).
El estudio, realizado mediante cuestionario telefónico entre el 25 de abril y 18 de mayo de 2022 y con representatividad nacional, ha incluido a 3.000 personas de más de 18 años -con cobertura pública y/o privada.
Del total de la muestra, un 71 por ciento aseguró tener una enfermedad crónica. Asimismo, el 74 por ciento de los entrevistados señalaba tener cobertura pública, mientras un 26 por ciento contaba con cobertura privada.
La amenaza del fin del mutualismo administrativo
Con carácter periódico, y en paralelo a los mensajes sobre los modelos de gestión público-privada, aparecen informaciones que auguran el fin del mutualismo administrativo. Marta Villanueva defiende que se trata de un modelo de colaboración con múltiples efectos positivos, en la medida que disminuye la presión asistencial y financiera sobre el sistema público y permite la optimización de recursos.
En cualquier caso, subraya que se trata de un modelo infravalorado por la Administración que, además, está en grave riesgo de desaparecer, a causa de la infrafinanciación de estas pólizas, entre otros motivos.
La hipotética desaparición tendría una serie de acontecimientos negativos, provocando que los mutualistas volviesen a ser atendidos por la sanidad pública, lo que incrementaría más aún la presión asistencial, las listas de espera, las inequidades y el gasto público, en palabras de la portavoz de IDIS.