Cuidados de larga duración: financiación, sostenibilidad e impacto de la pandemia

La Asociación de Economía de la Salud dedica una sesión completa dentro de sus jornadas anuales para detallar en profundidad los aspectos de mejora del sistema de cuidados en España, debido a la tendencia de envejecimiento de la población.

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closeup of a young caucasian man holding the hand of an old caucasian woman with affection

La atención a la dependencia se ha convertido en un punto clave al que prestar atención, considerando la tendencia del envejecimiento de la población en España. El incremento de bienestar y de la esperanza de vida sumado a la baja tasa de natalidad tiene como resultado un aumento de la población de la tercera edad.

Las previsiones para España estiman que en 2050 habrá 16 millones de personas mayores, una cifra que se corresponde con el 30 por ciento de la población total, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para abordar los futuros retos y las oportunidades que se presentan a los profesionales de las personas que requieren cuidados de larga duración, así como los propios pacientes, la Asociación de Economía de la Salud (AES) dedicó la jornada del pasado 27 de mayo a tratar estas cuestiones. Junto a distintos expertos multidisciplinares, la AES considera la atención a la dependencia como “uno de los temas que más preocupan después de las pensiones”, motivo por el que la jornada ha desgranado los problemas que representa el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) o el impacto de la COVID-19 en los cuidados, entre otros.

Precisamente, el estado actual en el que se encuentra el SAAD, fue explicado por el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Sergi Jiménez, quien destaca que el sistema ha tenido una “evolución positiva”, ya que ha logrado atender de 300 mil individuos en sus comienzos a más de un millón en años recientes. Sin embargo, el experto señala que dicho crecimiento no ha ido en consonancia con el gasto invertido en el propio sistema.

Una perspectiva internacional y española

En términos internacionales, los países de Europa del norte destinan más ayudas a la dependencia que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). España, sin embargo, se sitúa en la zona media-baja, con un 9 por ciento de ayudas.

De hecho, Jiménez indicó que a nivel internacional se destinan más ayudas para la dependencia en el hogar que en las instituciones, lo que se traduce en una apuesta por el cuidado informal.

Fuente: AES

Por otro lado, y específicamente en los cuidados de Larga Duración (LD), en los países de Europa del sur, el gasto no supera el uno por ciento, punto en el que se encuentra España, que se encuentra en un 0,84 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

En este sentido, el experto señaló que el gasto ha ido evolucionando al alza desde 2003, estabilizándose en 2010, con una tendencia leve decreciente. Asimismo, el gasto total en salud representa el 9,07 por ciento, descendiendo desde el 2012, en relación con los recortes.

Para poder comprender las cifras que explicó el experto, Jiménez diferencia entre los grados de dependencia existentes en las personas que tienen derecho a una prestación por parte del Estado. Hay tres grados de dependencia: gran dependencia (grado 3), dependencia severa (grado 2) y dependencia moderada (grado 1).

A nivel nacional, el 38% de las personas con derecho a prestación se encuentran en situación severa, el 33% en situación moderada y el 30 por ciento en situación de gran dependencia, según ha explicado. En este contexto, Canarias es la comunidad autónoma que muestra una mayor proporción de personas en grado 3, con un 40%, mientras que Cataluña y Navarra se encuentran en el otro extremo con un 23 %.

“No creemos que esta situación se corresponda con que haya más personas dependientes, sino que hay variación en las políticas asociadas que no somos capaces de controlar”

Sergi Jiménez, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)

Diferencias entre regiones

Además de este contraste, el experto diferencia la composición que caracteriza a las prestaciones, que “varían significativamente entre comunidades”.

“Las ayudas administradas por parte de las comunidades autónomas superan el 43 por ciento del nivel nacional, rondando el 60 o 70 por ciento”, puntualizó.

En este punto destacan comunidades como Baleares, Extremadura, Navarra y Aragón. Sin embargo, en el período opuesto se encuentran Galicia, Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid, con una participación del 20-30 por ciento.

Otro aspecto que destaca el experto dentro del desarrollo de la dependencia en España es lo que se conoce como “limbo de la dependencia”, un concepto que establece qué personas tienen derecho a la prestación y están pendientes de recibirlo. Jiménez subrayó que en julio de 2015 se observó un aumento en la cantidad de personas con derecho a prestación que esperan recibir este beneficio, incrementando así el limbo de dependencia, que se ha visto reducido “levemente” en los últimos años.

El limbo de la dependencia: en diciembre de 2015 los individuos pendientes de recibir prestación eran 384.326 individuos y a junio de 2017 dicha cifra alcanza a 319.112 individuos, un 20 por ciento menos. Si bien se observa este avance, en 2020/2021 todavía las cifras se mantienen lejos de los valores previos a diciembre 2015.

En este sentido, los problemas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el experto de la FEDEA subraya que existe una gran divergencia entre las regiones, donde algunas destacan por no tener apenas individuos con prestaciones y otras tienen una fracción muy alta. Esta situación, sumada a la tendencia de envejecimiento de la población española, puede “derivar en problemas graves de atención”, según Jiménez.

Fuente: AES

Por otro lado, es reseñable la cobertura de atención residencial, que no es muy alta en España en relación con otros países, de hecho, el índice de cobertura ha sufrido una evolución negativa a partir de 2010.

“El crecimiento de plazas residenciales no ha ido en paralelo con el sistema, no ha terminado de desarrollarse bien dentro del sistema general”, destacó Jiménez.

Según el experto en economía, los problemas asociados a estas circunstancias se caracterizan, principalmente, por la escasa medicalización de los centros, por la escasa estabilidad de las plantillas y la poca formación, la rotación de profesionales o la falta de índices de calidad en el sector que permitan desarrollar un aumento de eficiencia.

A estos problemas es necesario sumarle el impacto de la pandemia de la COVID-19 en las residencias, donde “se generaban más problemas de atención al concentrar a más personas en espacios compartidos”.

Financiación del SAAD

Jiménez indicó que las cantidades económicas destinadas a los pacientes que requieren cuidados se consolidan en tres pilares de financiación. Por un lado, el nivel mínimo de protección, donde se encuentra la Administración General del Estado, que “asumirá íntegramente la financiación del nivel mínimo de protección del individuo”. Para tal fin, los Presupuestos Generales del Estado fijan anualmente la cantidad de recursos destinados a dicho nivel mínimo.

Por otro lado, existe la aportación de las comunidades autónomas, que aportarán “al menos” una cantidad igual a la prevista por la administración general del estado en un nivel mínimo y acordado, aunque esta cantidad suele ser mayor, según explicó el experto.

“Además, las CC.AA tienen la capacidad para, en función de sus recursos, definir niveles de protección adicionales para sus residentes”, subrayó.

Por último, los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en el coste de las mismas en función de sus recursos económicos, aunque “ningún ciudadano se quedará desprotegido por no disponer de la cantidad económica suficiente”, matizó Jiménez.

“No podemos basar la sostenibilidad del sistema en aportaciones extraordinarias que pueden no tener continuidad en el tiempo”, destacó durante su intervención.

Por otro lado, Jiménez resaltó el papel de la financiación privada, un modelo que “está poco desarrollado por falta de incentivos específicos para ellos”. Otro mecanismo destacable es la hipoteca inversa, que no ha terminado de consolidarse debido a su papel marginal.

Para mejorar la situación del sistema, el experto propone soluciones a medio y largo plazo en ámbito de financiación. Por ello, indicó que sería conveniente diversificar fuentes de financiación y consolidar un “cóctel” entre la financiación pública, con impuestos, y las contribuciones dedicadas, para “garantizar un mínimo de atención en los ciudadanos”.

Impacto de la pandemia de COVID-19

Para determinar con más profundidad los efectos de la COVID-19 en las personas que precisan cuidados de dependencia, la jornada de la AES contó con la investigadora y asistente del Centro de evaluación y políticas de cuidados de la Escuela de Económicas y Ciencias Políticas de Londres, Adelina Comas-Herrera, especializada en Alzheimer.

Comas-Herrera puso en el centro a las personas que reciben cuidados de larga duración, concretamente aquellas que viven en residencias. Durante la pandemia, los profesionales que trabajaron en residencias tuvieron dificultades para implementar medidas como el distanciamiento, que no era “posible, ni compatible” con los cuidados de proximidad, señaló.

En este sentido, contrastó la época previa a la pandemia, donde “las muertes en residencias siguieron el mismo patrón que había fuera de las residencias, pero a una escala superior”. Por ello, la experta destaca el papel de la vacuna como “la medida más efectiva” para mitigar los efectos de la mortalidad en residencias.

Además de este impacto, otros rasgos destacables en residencias fueron las consecuencias negativas en el bienestar y la salud mental de las personas que viven en residencias, debido a la falta de contacto con los familiares o la interacción social. Comas-Herrera destacó además la situación de los cuidadores, que se encontraron en muchas ocasiones teniendo que “aumentar las horas de cuidados, teniendo cuidados no remunerados y con impacto financiero”.

“Las personas que trabajan en residencias han vivido muchos duelos y han sufrido muchos impactos”

Adelina Comas-Herrera, investigadora y asistente del Centro de evaluación y políticas de cuidados de la Escuela de Económicas y Ciencias Políticas de Londres

En este contexto, la experta enumeró los diferentes problemas estructurales a los que se enfrenta el sistema de cuidados tras la COVID-19, como por ejemplo, la fragmentación de los sistemas con responsabilidades divididas entre los distintos niveles de gobierno o departamentos. “Nadie estaba al cargo, nadie era responsable de nada”, lamentó.

Por otro lado, destaca la falta de desarrollo en los sistemas de datos y regulación, que “no están preparados” para responder a las necesidades existentes. Sumado a estas circunstancias, la experta destacó además la infravaloración a la que se expone el personal, que tienen “condiciones laborales peligrosas”, debido a la “baja prioridad política” del Sistema de Cuidados.

Por este motivo, Comas-Herrera destacó el desarrollo de un proyecto desde Inglaterra para consolidar un sistema de cuidados más resiliente. Por ello, y llegados a este punto, ¿hacia donde deberían ir los cuidados de las personas dependientes?

Aspectos de mejora y situación detallada de España

Ana Llena-Nozal, Economista Senior de la OCDE, que actualmente dirige el equipo de cuidados de larga duración de este organismo, fue la encargada de presentar una situación posible de mejora. Tal y como se indica al comienzo de este reportaje, Llena-Nozal incidió en la escasez de trabajadores “para hacer frente al aumento de personas mayores”, una situación a la que calificó como “uno de los grandes desafíos estructurales al que se enfrenta el sector de los cuidados”.

“Para mantener la ratio actual de 5 trabajadores por persona mayor de 65 años, según los países de la OCDE, se necesitará un 30% o un 60% más de trabajadores, dependiendo de las mejoras en la productividad”

Ana Llena-Nozal, Economista Senior de la OCDE

Asimismo, destacó la situación que caracteriza a las condiciones de trabajo de los profesionales, siendo “un sector muy feminizado, donde el 64 por ciento de los trabajadores sufren riesgos físicos”. Otras características de estos trabajos, son los bajos salarios, las jornadas parciales y una tasa importante de trabajadores de origen extranjero.

Además Llena-Nozal coincide con los anteriores expertos en la necesidad de instaurar estándares de calidad e indicadores que permitan mejorar la seguridad de los pacientes.

Para poder mejorar esta situación, la experta propone invertir más en la prevención de pérdida de autonomía de las personas, identificar a las personas que puedan tener mayor riesgo de pérdida de autonomía y la rehabilitación de las personas que requieren cuidados.

La experta destacó algunos ejemplos concretos de políticas que han sido implementadas por algunos países de la OCDE para fomentar hábitos saludables como mejorar la educación sanitaria de la población. 

Por otro lado, destaca cambiar el modelo de cuidados hacia uno más centrado en los domicilios, mejorar la mano de obra y las condiciones de trabajo y formación de los profesionales. Además, la experta puso énfasis en la necesidad de apostar por la innovación y la tecnología, con la posibilidad de automatizar procesos y monitorear el estado de salud de los pacientes.

Para profundizar en la situación española, la AES contó con Sara Baliña Vieites, Subdirectora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España y una de las Coordinadoras del Informe España 2050. A pesar del crecimiento experimentado en España en los cuidados formales, continúan predominando los cuidados informales, según ha destacado Baliña. La experta también resaltó la financiación como una de las “asignaturas pendientes de nuestro sistema de cuidados”, una situación que mejoraría la cobertura, la calidad de los servicios y el empleo del sector.

“El sistema de cuidados de larga duración en España cambiará en las próximas décadas, es previsible que haya una cierta sustitución del cuidado informal por los servicios profesionales, pero no es evidente cómo se llevará a cabo”

Sara Baliña Vieites, Subdirectora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España y una de las Coordinadoras del Informe España 2050

A pesar de ello, la experta indica que el cuidado informal seguirá siendo “decisivo” y, en muchos casos, complementario a la profesionalización del mismo.

Entre las recomendaciones que surgen de la Estrategia 2050 para mejorar los cuidados de larga duración, además de incrementar su financiación, hizo hincapié en tres pilares que son una mayor profesionalización y calidad de los cuidados, impulsar nuevas formas de cuidados (como el “co-housing”) y cuidar a las personas que cuidan (impulsando, por ejemplo, servicios de respiro para las personas cuidadoras).