Los jóvenes cada vez comienzan a fumar antes. En España, según datos del último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, el 19,8 por ciento de la población de quince años fuma a diario, los porcentajes más elevados de fumadores corresponden a los grupos de edad de 25 a 34 años, en donde 26,3 por ciento de la población fuma.
El tabaco es uno de los principales factores de riesgo que conducen a una enfermedad cardiovascular y al cáncer de pulmón; además, según la OMS, su consumo constituye la primera causa de morbilidad y también de mortalidad evitable en países desarrollados.
Según datos del citado informe del SNS, la prevalencia de consumo diario de tabaco es mayor en hombres (23,3 por ciento) que en mujeres (16,4 por ciento). Por territorios, las prevalencias más elevadas se encuentran en Extremadura (25,3 por ciento) y Murcia (23,7 por ciento), mientras que las más bajas se registran en País Vasco (16,1 por ciento) y Melilla (15,2 por ciento). Además, al correlacionar el consumo de tabaco con el nivel de educación, se observa un patrón de consumo más elevado en el nivel básico e inferior frente al nivel de educación superior. No obstante, estos datos hay que interpretarlos con cautela, debido a que este grupo de edad puede no reflejar el máximo nivel de estudios alcanzado.
El sistema sanitario español, es el que se encarga de tratar en la mayoría de los casos a los pacientes que sufren enfermedades derivadas del consumo de tabaco. Carlos Rábade, coordinador del Area de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) explica que estos gastos alcanzan unos 8.000 millones de euros al año. Gastos que en algunos países han comenzado a reducirse gracias medidas coercitivas. Por ejemplo, a finales de 2022, Nueva Zelanda aprobó una ley que prohibirá de manera progresiva la venta de tabaco a partir de 2027, para los nacidos a partir del 1 de enero de 2009. De esta forma, el país maorí busca ahorrarse los 5.000 millones de dólares neozelandeses (unos 3.198 millones de dólares o 3.034 millones de euros) que el ministerio de sanidad neozelandés calcula que cuestan los tratamientos de algunos tipos de cánceres, problemas cardiovasculares o amputaciones derivadas del tabaco. Dentro de esta ley también se incluye que aquellos niños que actualmente tengan trece años, no tendrán acceso a la compra legal de tabaco en el país, ni siquiera cuando alcancen la mayoría de edad.
Los medios de comunicación se han hecho eco de como esta nueva ley neozelandesa también grava fuertemente con impuestos, que, de por sí, ya se han incrementado hasta un 165 por ciento, en los últimos 10 años. Los paquetes de cigarrillos cuestan unos 30 dólares neozelandeses (unos 19 dólares o 18 euros). Además, se trata del segundo país del mundo en prohibir el tabaco totalmente, después de Bután.
En Nueva Zelanda el porcentaje de fumadores es de aproximadamente el ocho por ciento. Mientras, según datos del del Instituto Nacional de Estadística (INE), los fumadores en España representan a un 22,1 por ciento de la población. “En nuestro país sale muy barato fumar; si aumentásemos el precio, reduciríamos el número de fumadores”, explica Rábade.
En España los expertos consideran que debería plantearse un marco normativo valiente. “Aunque no se erradique el tabaquismo, al menos habría que controlarlo más”, indica Raúl de Simón Gutiérrez, coordinador del grupo de trabajo de tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). “Para ello será necesario adoptar y hacer cumplir las políticas de control del tabaco con el fin de garantizar la plena implementación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco”, recomienda el coordinador, quien considera que, respecto a la legislación nacional vigente, “es preciso ampliar su ámbito de aplicación para incluir una regulación mucho más estricta de los nuevos y emergentes productos de tabaco”.
De Simón nombra la declaración ’Endgame’ del tabaco en España 2030, promovida desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y suscrita por más de 40 sociedades científicas, asociaciones de pacientes y colegios profesionales como un “excelente punto de partida” para acometer los cambios legislativos necesarios. Esta declaración exige al gobierno -tarea pendiente ya para la próxima legislatura -medidas a corto y largo plazo para avanzar hacia el final del tabaquismo, con el objetivo de alcanzar una prevalencia de consumo de tabaco del 5 por ciento en el año 2030 y del 2 por ciento o inferior en 2040.
Medidas
Además del aumento en el precio del tabaco, la declaración ‘Endgame’ muestra otras medidas coercitivas que podrían hacer bajar el porcentaje de fumadores, y por tanto, el gasto sanitario que va dirigido a ellos.
Una de las medidas coercitivas que menciona es la prohibición al cien por cien del tabaco en la hostelería, espacios deportivos, campus universitarios paradas de autobuses, andenes de medios de transporte, playas y otros espacios naturales, piscinas, colas de eventos o situaciones donde se produzcan agrupaciones de personas, etc.
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) publicaba los datos de su vigésimo cuarta encuesta anual sobre tabaquismo, que refleja que medidas como esta son apoyadas por gran parte de la población encuestada. En concreto, refleja que el 71,6 por ciento de los participantes restringiría el humo en las terrazas de bares y restaurantes. En el sondeo se observa también una tendencia cada vez mayor a proteger las playas, medida respaldada por el 70,6 por ciento de los no fumadores, el 59,8 por ciento de los exfumadores y hasta el 30 por ciento de fumadores, que manifiestan que prohibirían fumar en estos espacios naturales.
La declaración ‘Endgame’ también propone eliminar la figura del club privado de fumadores, acabar con la anomalía de fumar en espacios cerrados como hoteles, hostales o establecimiento análogos o suprimir la excepcionalidad de consumir tabaco en establecimientos psiquiátricos, establecimientos penitenciarios o centros residenciales de personas mayores o discapacitados, de acuerdo con informes emitidos por expertos de cada sector. Además, también hace hincapié en la importancia de eliminar la posibilidad de vender tabaco o nuevas formas de consumo a través de máquinas expendedoras en hostelería o tiendas.
Pero no todas las medidas son coercitivas. Esta declaración también incluye medidas fiscales y sociales como puede ser la destinación de un dos por ciento de los impuestos del tabaco a la prevención y control del tabaquismo. Entre ellas se incluyen la investigación o ampliación de la financiación y el acceso a los tratamientos para dejar de fumar o que todas las personas puedan acceder a las terapias farmacológicas y conductuales que ayuden a dejar de fumar y que están testadas científicamente. En este último punto hace énfasis Rábade: “La cesación tabáquica, es decir, dejar de fumar, se asocia a una reducción de costes sanitarios, porque al reducir la hospitalización y las morbilidades en los enfermos, el gasto disminuye; cuanto antes llegue la cesación, mayor va a ser el ahorro económico para el sistema”.
“La financiación de tratamientos de cesación tabáquica significa un gasto para el estado, pero a la larga, en un plazo de menos de cinco años, podríamos ahorrar una gran cantidad de dinero ya que muchas de estas personas lo dejarán y así podremos evitar costes derivados del tabaquismo”, afirma el coordinador del Area de Tabaquismo de Separ.
Por su parte, de Simón considera “obvio” pensar que un descenso en las prevalencias de consumo de tabaco logrando mayores abandonos o evitando nuevas incorporaciones “debe repercutir en un mayor desahogo del sistema sanitario”. Afirma que en España los costes sanitarios directos producidos por las cinco enfermedades más importantes relacionadas con el tabaco (cáncer de pulmón, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, EPOC y asma) suponen 7.695 millones de euros anuales. “A estos habría que añadir otros costes indirectos como la pérdida de productividad laboral”, añade.
Según el coordinador de Semergen en ningún caso la recaudación fiscal derivada por los impuestos que gravan a la totalidad de las labores del tabaco (impuestos especiales e IVA) sale rentable al sistema. “En el año 2022 alcanzaron los 9.000 millones de euros, pero se trata de un sector en el que de media el gravamen fiscal supone alrededor del 80 por ciento del PVP. Por el contrario, el coste atribuible al tabaco suele estimarse en un 15 por ciento del gasto sanitario global en un país desarrollado”.
Aunque 9.000 millones sean más que 7.695, hay que tener en cuenta que esta última cifra no tiene en cuenta los costes indirectos y solo se centra en las cinco enfermedades mencionadas. “El tabaco es uno de los principales causantes del cáncer de pulmón, del de vías respiratorias o del de vejiga”, indica Rábade, por lo que los costes que implica tratar las enfermedades derivadas del tabaquismo sería mucho mayor. “De ninguna manera es rentable a nivel económico, si bien se recogen beneficios a corto plazo, hay más perdidas en recursos económicos y de salud a medio y largo plazo”, especifica.
Según el experto de Separ, el tabaco se asocia a más hospitalizaciones y a más enfermedades que requieren seguimiento y una atención continuada como el EPOC. “Se trata de una enfermedad que requiere de terapias respiratorias domiciliarias que tienen un coste para el sistema muy importante”, asegura.
Explica que además entre el 30 y el 50 por ciento de pacientes con EPOC siguen fumando, lo cual aumenta a lo largo de los años el gasto en atención, hospitalizaciones o tratamientos.
Por su parte, el experto de Semergen está de acuerdo en que los fumadores acuden a más visitas médicas, lo cual también influye en la saturación del sistema. “Los estudios apuntan a que acuden un 21 por ciento más en atención primaria que los no fumadores y un 29 por ciento más en atención especializada. También existe un mayor número de hospitalizaciones en la población fumadora respecto a los no fumadores, llegando a situarse en un 17 por ciento, lo que supone aproximadamente el doble que en no fumadores”, detalla de Simón.
Tratar el tabaquismo en todos los niveles asistenciales
Por otra parte, De Simón considera que, debido a su accesibilidad y universalidad, la atención primaria es, en la mayoría de los casos, es uno de los primeros recursos sanitarios con que debe conectar un fumador que quiere hacer un intento serio para dejar su adicción. “Será fundamental que en dicho propósito el fumador no lo intente por sí mismo y que busque apoyo y asesoramiento en los profesionales del primer nivel asistencial. Hoy en día todos los sistemas públicos de salud tienen protocolizado cómo realizar el abordaje de paciente fumador desde este nivel”, remarca.
El experto de Semergen cree firmemente que los médicos de familia están bien formados y capacitados, pudiendo ayudar a sus fumadores a dejar de serlo. Asimismo, puntualiza que “es posible que algunos fumadores con perfiles más complejos puedan además necesitar asistencia en unidades especializadas de tabaquismo”.
Por su parte, Rábade, considera que el papel del neumólogo es fundamental, “entre un 50 y un 60 por ciento de las enfermedades respiratorias están asociadas al tabaco, por lo que es inadmisible que los neumólogos no estemos representados en cualquier plan de control y tratamiento del tabaquismo en cualquier servicio de salud de este país”.
El experto asegura que los neumólogos tienen una larga experiencia en la prevención y el tratamiento del tabaquismo ya que se enfrentan a este tipo de enfermedades “día a día”. “Dejar de fumar es la primera recomendación que damos”, asegura.
De esta forma, ambos expertos ponen en valor la importancia de abordar el tabaquismo desde distintos niveles y con estrategias que ayuden al fumador que tiene ya una adicción severa al tabaco. “Hace años apoyamos el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo, un plan que se consensuó con las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, los colegios médicos y enfermeros en el cual se establecían medidas acerca de cómo controlar esta lacra. Pero este plan está parado y debe reactivarse, eso es lo que le pedimos al Ministerio de Sanidad”, asevera Rábade, labor ya pendiente para el nuevo ejecutivo.
Desde Separ, consideran necesaria esta activación puesto que podría desembocar en una nueva Ley Antitabaco. “Creemos que es necesaria una actualización de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, puesto que en la última década ha habido cambios sociales y en los productos, con el auge del tabaco calentado o los cigarrillos electrónicos”. En esta idea coincide el especialista de Semergen. “Las dos Leyes de medidas sanitarias, la de 2005 y la de 2010, poco discutidas actualmente, precisan revisión para adaptarse a las nuevas necesidades, como pueden ser la ampliación de espacios sin humo, el empaquetado genérico o una nueva fiscalidad en el tabaco y sus productos”, insiste de Simón.
Una emergencia global
El ultimo ’Informe de la OMS sobre la Epidemia Mundial de Tabaquismo de 2021’ que busca hacer frente también a los productos nuevos y emergentes admite que “lamentablemente, la vigilancia del consumo de tabaco ha resultado muy afectada por la pandemia de COVID-19”.
“El tabaco calentado por inducción no deja de ser otra forma más de tabaco y ya hay estudios que asocian su consumo a una mayor inflamación bronquial, ya que contiene radicales libres y aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Aunque se trate de convencer de que el tabaco sin combustión es menos nocivo, esto no es verdad. Los componentes tóxicos que contiene suponen un riesgo para la salud”, remarca Rábade.
Durante estos años, los sistemas de salud de prácticamente todo el mundo han estado centrados en la COVID-19, por lo que la recopilación de datos sobre tabaquismo y nuevas formas de fumar se ha visto entorpecida.
- La OMS considera que la manera más eficaz de reducir el consumo es aumentar los precios a través de los impuestos. De esta forma lo han expresado mediante seis medidas que han definido como medidas MPOWER que consistente en:
- Vigilar el consumo de tabaco y las medidas de prevención
- Proteger a la población del humo de tabaco
- Ofrecer ayuda para el abandono del tabaco
- Advertir de los peligros del tabaco
- Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio
- Aumentar los impuestos al tabaco
En el año 2007, un total de 44 países implantaron alguna medida MPOWER. Desde entonces el número de países se ha triplicado a los 146 países. Además, desde el último informe de la OMS hasta el 2021 el número de países que aplican por lo menos dos políticas MPOWER al más alto nivel de cumplimiento ha aumentado de 84 a 98.
La disminución del consumo de tabaco concierne a los sistemas económicos de los países y puede significar un gran ahorro para los mismos. Es difícil recopilar el gasto a niveles completos que esta adicción produce, ya que impacta en multitud de enfermedades y lo hace de forma directa e indirecta. Además de las ya mencionadas, muchas se extienden en el tiempo, se cronifican, implican visitas a los especialistas o nuevos tratamientos. A pesar de todo esto, cada vez más países abogan por la erradicación del tabaquismo no solo por una cuestión de números, sino también por una cuestión de salud pública.
