La Comisión Interministerial del Precio de los Medicamentos (CIPM) es, sin duda, uno de los organismos sobre el que más ojos están puestos dentro del sector sanitario. Cada uno de sus dictámenes pone mucho en juego y sus miembros saben bien la presión a la que se exponen una vez son designados.
Deben lidiar con un equilibrio difícil, el que oscila entre que los pacientes tengan un acceso lo más temprano posible a los fármacos más innovadores y que no se resienta la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de los distintos Sistemas autonómicos.
En este sentido, sus miembros, que tienen una cuota rotatoria por parte de las CCAA, son conscientes de la responsabilidad que recae sobre sus hombros cuando, con sus resoluciones, se propone o no para financiación pública un tratamiento determinado.
Recientemente, en enero, ha habido renovación en la CIPM y EDS entrevista a dos de sus nuevos integrantes. Se trata de Ignacio López, jefe de Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación del Servicio Canario de la Salud, y Joan Simonet, director general de Prestaciones, Farmacia y Consumo de Baleares, con el objetivo de analizar los retos que tiene por delante esta institución y también abordar sus propuestas para mejorar una Comisión que siempre está en el ‘ojo del huracán’.
El reto del acceso temprano
El número que marca cualquier debate en este aspecto está claro. Es el 661, que son los días que pasan en España desde que un fármaco innovador es aprobado hasta que llega a los pacientes. Sobre este guarismo, que se extrae del Informe Wait que Iqvia elaboró para le Efpia, se ‘cuelgan’ la mayoría de los deberes y las críticas a los que tiene que hacer frente la Comisión de Precios.
El director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, lo reconoció durante una ponencia que protagonizó a principios del mes de febrero. “Tenemos problemas en la decisión de precio”, manifestó Hernández, quien se encomendó a la nueva legislación para limitar estos problemas. Hernández también subrayó que el objetivo tiene que ser a esos 180 días que marcan como barrera desde Europa: “Esto no es responsabilidad solamente de la administración, sino también de las compañías. Cuando se agoten los 180 días, tiene que haber una solución”.
No se trata de una misión imposible, pero ni mucho menos va a ser una tarea fácil. Así lo recalca Simonet. “Tal y como está establecido ahora el sistema, llegar a una a una resolución de precio y financiación en 180 días [el objetivo que marca la UE] no es nada fácil. Pero, desde luego, los 661 días en los que estamos me parecen una barbaridad y todos debemos mejorar para reducir este timing. Es evidente. Para ello, el cambio de legislación va a ser un punto básico y fundamental”, subraya el director general de Prestaciones, Farmacia y Consumo de Baleares.
Se trata de una voz especialmente autorizada. Ahora en política, Simonet conoce perfectamente ambos lados del tablero. Desarrolló más de 20 años de su carrera en la industria farmacéutica para, después, asumir responsabilidades políticas y hacer frente a la problemática a la que se enfrentan los decisores.
Merece la pena escucharle, igual que a López. El jefe de Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación del Servicio Canario de la Salud de Canarias mira hacia Alemania, concretamente hacia el sistema de fijación de precios del países centroeuropeo y algunas condiciones propias de dicho sistema que sirven a la perfección para entrar de lleno en otro punto candente para el sector, especialmente para las compañías innovadoras.
Precio variable y valor clínico
Nadie se esconde en este sentido. Son numerosos los directores generales que, desde la industria farmacéutica, han reclamado al Gobierno, concretamente a los decisores del Ministerio de Sanidad, que les doten de un marco lo más previsible y estable posible para que el músculo industrial español, especialmente en este sector, siga un avance firme.
Sin ir más lejos, Enrique Ordieres (Cinfa) o Jordi Sánchez (Bayer), lo manifestaron públicamente en sendas entrevistas recientes publicadas en El GlobalFarma. No obstante, hay un punto que parece tangencial a la normativa que actualmente se está construyendo y que marcará el devenir del sector que preocupa en la industria. Se trata de la hipotética implantación de un sistema de precios variables fundamentado en el examen del valor real del fármaco en la práctica clínica.
“Los resultados en la práctica clínica deben condicionar el precio de los medicamentos”, asiente López, que no duda en que es una medida consecuente. En este sentido, López hace referencia al sistema alemán de fijación de precios que, según sus palabras, “funciona de una forma parecida, con pocas discusiones y un acceso temprano a las innovaciones, pero también con evaluaciones de los fármacos dependiendo de los resultados y un ajuste de los precios”.
No obstante, también cita la utilidad de la revisión de los precios tras comprobar su utilidad en la práctica clínica real en el caso de los medicamentos huérfanos. Como expone, al tratarse de fármacos en cuyos ensayos únicamente es posible reunir “una muestra relativamente pequeña”, es necesario comprobar después cuál es su utilidad.
“El sistema alemán funciona de forma parecida, con un acceso temprano a las innovaciones, pero también con evaluaciones de los fármacos dependiendo de los resultados”, insiste López, cuyo punto de vista apuntala Simonet: “No me parece muy descabellado que la práctica clínica juegue un papel importante en la decisión”. “Hay que evaluar los resultados y, con esa evaluación, tomar las decisiones posteriormente”, apostilla López, que también es perfectamente consciente de que las compañías busquen un marco lo más “estable y previsible posible”.
El papel autonómico en el cambio
Y en el apartado de la toma de decisiones, ambos saben bien cómo las comunidades juegan un papel clave a la hora de asegurar la equidad y el acceso de los fármacos más innovadores. Ambos coinciden que no creen que los presupuestos regionales puedan decantar o no el voto de los vocales autonómicos en la CIPM, ya que, como apunta Simonet, “al fin y al cabo son decisiones que se toman para el conjunto del país”.
Quizá por esto, el propio Simonet ha echado en falta algo más de protagonismo autonómico a la hora de trazar la Estrategia de la Industria Farmacéutica. Simonet lamenta que no hayan sido suficientemente considerados en la redacción de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, a pesar de que son las comunidades autónomas las que finalmente asumen, integran y financian la innovación médica y farmacológica.
“Esta estrategia tiene un impacto en tres aspectos fundamentales: el acceso equitativo a los medicamentos, la sostenibilidad del sistema y el impulso de la innovación y la competitividad de la industria. Con estos objetivos, la estrategia pretende fomentar un ecosistema en el que la innovación, la producción, el acceso a los medicamentos y la sostenibilidad se integren de manera simultánea. Sin embargo, si realmente se busca influir en estos tres ámbitos, que afectan de forma ineludible a todas las comunidades autónomas, debo señalar que no hemos tenido la oportunidad de participar en su elaboración”, desarrolla.
La transparencia
No obstante, y como buen conocedor del sector en el que se mueve, Simonet abre otra perspectiva a tener en cuenta y que tiene que ver con uno de los puntos tradicionalmente cuestionados de la Comisión de Precios: la transparencia. Como reconoce López, ya en las primeras reuniones de este año se ha abordado la cuestión y, como pronostica sin desvelar nada, “habrá novedades”, que han tomado forma con los nuevos informes de aprobación.
En este sentido, Simonet apuesta por una medida que hasta ahora no se contempla y que, como subraya, podría “evitar muchas controversias” si se implantara. Se refiere, concretamente, a elaborar informes en los que se reflejen “los motivos de no aprobación de un medicamento”.
“Publicar un informe que dote de una mayor comprensión las causas de financiación, sin duda nos ayudaría a que se entendiera mejor cómo ha ido el proceso. Pero más importante, si cabe, sería publicar un informe de las causas de no financiación de un medicamento”, razona un especialista que, como le pasa a López, tiene por delante unos meses, concretamente hasta junio, en los que estará en el centro de las miradas del sector como vocal de la Comisión a la que todo el mundo apunta.
