En un contexto de amenazas múltiples —pandemias, catástrofes naturales, conflictos bélicos o ciberataques—, no puede haber defensa nacional sin una sanidad resiliente y un sector farmacéutico fuerte y autónomo. El sistema de salud no es solo un servicio asistencial: es un componente estratégico de seguridad.
El “cero energético” reciente lo ha mostrado. Mientras el país se paralizaba, los hospitales mantuvieron su actividad gracias a su preparación y autonomía energética. Esto no fue casualidad, sino fruto de una estructura sanitaria pensada para resistir. La sanidad, por tanto, es parte activa de la defensa del país ante amenazas externas.
Pese a que la COVID-19 puso en evidencia muchas debilidades, el refuerzo del sistema no ha sido suficiente. Y ahora, con los 10.000 millones de euros previstos para defensa de España en este ejercicio, es el momento de integrar la sanidad en esa estrategia.
Todos los retos sanitarios pasan por su resiliencia y capacidad de respuesta.
Es urgente actualizar la normativa farmacéutica y desarrollar una Ley del Medicamento que garantice la autonomía estratégica. Debemos crear reservas nacionales, asegurar cadenas de suministro, impulsar la innovación y atraer inversiones sostenidas.
La prevención y la vacunación deben considerarse inversión, no gasto. La colaboración público-privada, clave en la pandemia, debe institucionalizarse. Y la ciberseguridad y la protección de los datos sanitarios requieren atención prioritaria.
Además, es imprescindible reforzar la atención primaria, la medicina preventiva y la formación especializada. No se trata solo de blindar fronteras: se trata de garantizar que nuestros hospitales funcionan, que nuestros medicamentos están disponibles y que nuestros profesionales pueden responder. Porque, ante cualquier crisis, una sanidad fuerte no es solo deseable. Es, sin duda, la mejor defensa.
