En un momento clave para el futuro del sistema sanitario, el consejero de Salud de Cantabria, César Pascual Fernández, desgrana las principales líneas estratégicas que marcarán el curso de 2025. La sostenibilidad, la salud digital, la reordenación de la atención rural y la apuesta por una sanidad centrada en resultados son algunos de los ejes que definen su hoja de ruta.
Pregunta. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que está llevando a cabo la Consejería para este nuevo curso? ¿Cuáles son los principales retos y desafíos para acometer este 2025?
Respuesta. Las líneas de trabajo van de la mano de los desafíos, porque lo que precisamente buscamos es afrontar los retos que se nos presentan este año, dentro del marco del programa previsto para la legislatura. Lógicamente, mejorar los tiempos de espera de los pacientes exige un esfuerzo organizativo muy importante. Se trata, sin duda, del principal reto que tenemos desde el punto de vista estructural, ya que implica un cambio cultural radical para nosotros.
El siguiente desafío alineado con nuestras líneas de trabajo es aprovechar todo el potencial de la digitalización. Tenemos en marcha un ambicioso plan de salud digital, y nuestro objetivo no es solo incorporar tecnología, sino que esta digitalización genere transformaciones significativas en el sistema. Esto incluye un enfoque prioritario hacia la atención en el medio rural. Creemos que la tecnología puede proporcionarnos herramientas que mejoren el acceso a los servicios sanitarios desde los hogares o desde los consultorios rurales. Y en eso estamos trabajando.
«Estamos implantando una cultura de implicación de los profesionales con los resultados»
Acabamos de aprobar una ley de simplificación administrativa, por lo que la desburocratización del sistema sanitario y la mejora de su eficiencia constituyen otro de los grandes retos de este año. Aunque esta ley es una iniciativa del Gobierno, tiene un impacto directo en nuestro ámbito de actuación.
Asimismo, estamos comprometidos con garantizar la equidad en todo el territorio. Para ello, estamos promoviendo una cultura de apoyo mutuo entre los distintos servicios asistenciales. Tradicionalmente, estos servicios se han centrado exclusivamente en sus respectivas áreas de salud, funcionando casi como islas independientes. Ahora estamos impulsando alianzas estratégicas entre áreas, de manera que en zonas con difícil cobertura o con una dispersión geográfica considerable —porque Cantabria, aunque pequeña, cuenta con 26 puertos de montaña en sus 5.000 km²—, podamos asegurar una atención más cohesionada y solidaria.
Vamos a reorganizar algunas áreas clave, como los cuidados paliativos y el trabajo social, impulsándolas dentro del marco de la estrategia sociosanitaria. Nuestro objetivo es mejorar la coordinación con los servicios sociales y, con ello, optimizar tanto las prestaciones sanitarias como los servicios sociales en su conjunto.
Por último, pero no menos importante, están los profesionales. Hemos hecho un esfuerzo muy significativo para mejorar sus condiciones: estamos firmando numerosos acuerdos, hemos incrementado sus condiciones económicas y laborales de forma notable. Queremos que los profesionales trabajen en un entorno estable y con un clima social favorable, que nos permita afrontar con éxito estos cambios. Porque este cambio cultural y estructural que queremos llevar a cabo no es posible sin el compromiso firme de los profesionales.
P. ¿Qué desafíos considera más urgentes para el futuro del sistema sanitario cántabro y qué estrategias se están desarrollando para garantizar su sostenibilidad?
R. Estamos implantando una cultura de implicación de los profesionales no solo con los procesos, sino también con los resultados. No se trata únicamente de que realicen correctamente su trabajo, sino de que asuman que la salud debe entenderse en función del valor que aporta al ciudadano. Por ello, estamos proporcionando los recursos necesarios para avanzar en esta dirección, porque se trata de una estrategia orientada a resultados, a generar valor.
El objetivo es pasar de una cultura centrada en el gasto —”necesito un profesional más”, “necesito un aparato nuevo”— a una cultura basada en los resultados: “vamos a mejorar los indicadores de diabetes”, “vamos a avanzar en el diagnóstico precoz”, “vamos a reducir las bajas laborales”, etc. Inculcar esa cultura es, a nuestro juicio, lo que nos permitirá también mejorar los indicadores de gestión y los indicadores económicos, especialmente con la incorporación de herramientas y procesos basados en inteligencia artificial.
Todo el mundo asume que la sanidad representa un gasto muy elevado, pero tenemos la obligación de ser eficientes. La eficiencia es una forma de justicia social, porque nos permite redistribuir el gasto de manera más equitativa. Creo que esta cultura está calando poco a poco entre los profesionales, y ellos también la están haciendo suya.
Además, queremos combatir la burocracia y aprovechar la ley de simplificación para agilizar la respuesta del sistema, ya sea mediante nuevas tecnologías o incluso sin ellas, eliminando muchos procesos que hoy en día resultan innecesarios y que nada tienen que ver con una mejora real en la atención o con la incorporación efectiva de tecnología.
P. Aspectos tan relevantes como la atención primaria o el aumento de las listas de espera son algunos de los temas que más preocupan a los profesionales sanitarios. ¿Qué medidas se deberían implementar en estos ámbitos para mejorar la situación que se vive actualmente?
R. Nosotros tenemos una peculiaridad en lo que respecta a la atención primaria: contamos con una atención primaria excelente, con una cobertura amplísima. No tenemos vacantes; todas las plazas están cubiertas, y la presión asistencial se mantiene en niveles razonables, con cupos y un número de consultas diarias que en ningún caso supera las 35. Además, disponemos de profesionales bien remunerados.
Esto no significa que no tengamos dificultades, como ocurre en todas partes, especialmente a la hora de encontrar sustitutos para cubrir bajas o vacaciones. Sin embargo, todos nuestros centros de salud y consultorios cuentan con plantilla completa, lo que nos permite una distribución razonable de la carga de trabajo y unas agendas equilibradas, evitando situaciones en las que un profesional tenga que atender a 40, 50 o incluso 60 pacientes al día.
En atención primaria, nuestro gran reto es la sanidad rural. En municipios con alto riesgo de despoblación empezamos a tener dificultades para mantener cupos suficientes para los médicos. El desafío es, por tanto, cómo reorientar la atención sanitaria rural hacia un modelo diferente al tradicional, porque cuando la población disminuye de forma significativa, resulta inviable mantener un médico con jornada completa o presencia diaria. Esta reorganización es clave. Creemos que estamos en una buena posición para abordarla, porque al no tener problemas de plantilla, podemos trabajar de forma colaborativa con los profesionales para rediseñar este modelo.
En cuanto a las listas de espera, es cierto que partíamos de cifras elevadas, aunque las demoras no eran tan altas. Después de ocho años de aumento ininterrumpido, hemos conseguido estabilizar la situación y empezar a reducirlas. No tan rápido como quisiéramos, pero la tendencia a la baja es clara y se ha consolidado en el último año.
«En Atención Primaria nuestro gran reto es la sanidad rural. Tenemos que saber cómo reorientarla de una forma diferente a la tradicional»
Estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Por ejemplo, el año pasado incrementamos un 14 % la actividad quirúrgica propia. En nuestro caso, la posibilidad de recurrir a la sanidad concertada es muy limitada, ya que prácticamente no existe oferta privada en la región, por lo que todo el esfuerzo recae sobre el sistema público.
Además, hemos comenzado a establecer mecanismos de colaboración entre hospitales, de modo que aquellos con mayores demoras puedan recibir apoyo de otros. Como mencionaba antes, no se trata solo de trabajar para una determinada área de salud, sino de adoptar una perspectiva territorial única, implicando a todos los profesionales en esta visión conjunta. Creemos que vamos por el buen camino. Nuestro objetivo es situarnos entre las comunidades con mejores listas de espera del país al final de la legislatura, y, si esta tendencia se mantiene, en dos años y medio lo habremos logrado.
P. ¿Se están desarrollando nuevas estrategias para hacer frente a los problemas de salud mental, especialmente en jóvenes y adolescentes?
R. Sí. Acabamos de poner en marcha una nueva unidad de salud mental infantojuvenil en unas instalaciones renovadas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, cuya inauguración tuvo lugar hace aproximadamente un mes. Además, estamos incrementando el número de profesionales en estas unidades, especialmente psiquiatras infantojuveniles, una especialidad todavía reciente y con escasez de especialistas. Aun así, estamos logrando captar profesionales.
Contamos con un plan de salud mental que actualmente se encuentra en proceso de revisión, en el marco del nuevo plan de salud. Este plan dedica una atención prioritaria a la salud mental infantojuvenil. Próximamente abriremos una nueva unidad de hospitalización en el Hospital de Sierrallana, lo que nos permitirá completar el mapa de atención y reforzar la psiquiatría comunitaria.
Asimismo, estamos desarrollando un programa para dotar de psicólogos a los centros de salud. A lo largo de esta legislatura iremos incorporándolos progresivamente, dentro de una iniciativa específica orientada al tratamiento de trastornos mentales no graves desde la atención primaria. Esto permitirá evitar que lleguen a la red de salud mental casos que pueden ser abordados de forma eficaz en otros recursos.
Disponemos también de un plan relevante para el abordaje de la conducta suicida, que ha recibido numerosos reconocimientos. Este programa comenzó en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y actualmente lo estamos extendiendo a toda la región.
Además, estamos trabajando en nuevas líneas para enriquecer el plan de salud mental, como la creación de un programa regional de evaluación y atención a los trastornos del espectro autista, con especial atención a las transiciones entre atención primaria, salud mental infantojuvenil y la edad adulta.
También estamos desarrollando programas de salud mental perinatal, orientados a la detección precoz de factores de riesgo durante el embarazo y el posparto. Y queremos mejorar el abordaje del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), en colaboración con la Consejería de Educación, con quien ya estamos formando al profesorado y poniendo en marcha acciones conjuntas.
«La campaña de vacunación ha ido bien, aunque no nos ha dejado completamente satisfechos. Por ello este año vamos a cambiar las estrategias de vacunación para mayores de 60 años y de la población infantil»
P. La vacunación es uno de los temas más importantes en sanidad. ¿Cómo ha sido la campaña de vacunación de este año frente a gripe, COVID, VRS, etc.? ¿Qué porcentaje de cobertura hay en los distintos colectivos? ¿Y entre los sanitarios?
R. La campaña de vacunación ha ido bien, aunque no nos ha dejado completamente satisfechos. Hemos alcanzado una cobertura del 54,78 % en la población mayor de 60 años. Comparado con otros países, no está mal, pero nos hemos quedado por debajo del objetivo que nos habíamos marcado. Por ello, este año vamos a modificar las estrategias para llegar de forma más efectiva a este grupo.
El dato que más nos ha frustrado ha sido el de la población infantil en relación con la vacuna de la gripe. Esperábamos una respuesta más elevada, pero nos hemos quedado en un 51,26 %. Tradicionalmente, los padres no suelen tener reparos en vacunar a sus hijos frente a otras enfermedades, pero con la gripe no terminamos de lograr la misma aceptación. También en este ámbito cambiaremos la estrategia, con el objetivo de sensibilizar a las familias sobre la importancia de vacunar a los niños frente a la gripe.
Entre los profesionales sanitarios, la cobertura ha sido del 43,67 %, una cifra que personalmente me parece insuficiente. Nuestro objetivo es seguir reforzando el trabajo con este colectivo. La respuesta ha sido positiva en atención primaria, pero hemos tenido una menor acogida en los hospitales, por lo que este año centraremos nuestros esfuerzos en ese ámbito.
En cuanto a la vacunación frente a la COVID-19, es donde más se ha notado el agotamiento. La cobertura en mayores de 60 años ha sido del 33 %, un porcentaje claramente bajo. Curiosamente, no coincide con los datos de la gripe: muchas personas aceptaron la vacuna de la gripe pero rechazaron la del COVID, pese a que ambas se ofrecían conjuntamente. Esta tendencia se está dando en todo el país, y aunque existen estrategias a nivel nacional, nosotros estamos diseñando una campaña específica para el próximo otoño.
Respecto al virus respiratorio sincitial (VRS), hemos alcanzado una cobertura del 97 %, lo que consideramos un auténtico éxito, con una reducción espectacular de ingresos hospitalarios y de casos graves. Aún queda un pequeño porcentaje de niños sin inmunizar, principalmente aquellos que no nacen en hospitales. Este grupo requiere estrategias específicas, ya que en muchos casos se trata de familias con decisiones muy particulares. En cualquier caso, los resultados generales han sido excelentes.
P. ¿Cuáles son los planes del Departamento de Salud para mejorar la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas en la población cántabra?
R. Le estamos dando una vuelta a todo este enfoque. En aproximadamente un mes presentaremos el Plan de Salud de Cantabria 2025-2029. En esta ocasión no hemos optado por diseñar una estrategia específica para el abordaje de la cronicidad, como se hacía anteriormente, sino que hemos integrado el tratamiento de las enfermedades crónicas de forma transversal e integral en todas las líneas del plan.
Contamos con seis líneas estratégicas. Una de ellas es “salud en todas las políticas”, que implica incorporar la perspectiva de la salud en sectores como la educación, el empleo o el medio ambiente. Otra es “salud en las personas”, que sitúa al paciente en el centro de nuestra atención y refuerza el papel de la atención primaria. También se incluye el enfoque de resultados en salud, al que me he referido anteriormente.
Las enfermedades crónicas, por tanto, se abordan de manera transversal en todas las líneas del plan. Queremos incorporar a los pacientes como agentes activos en el proceso, fomentando la mejora de los hábitos de autocuidado. Por ejemplo, el paciente experto puede desempeñar un papel clave ayudando a otras personas con enfermedades crónicas a aprender a cuidarse mejor.
Evidentemente, también incorporaremos la tecnología. A través del plan de salud digital, queremos facilitar la telemonitorización y el uso de herramientas digitales. Además, reforzaremos todo el sistema de vigilancia en salud pública en áreas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares o la salud mental, que, en última instancia, también forman parte del grupo de enfermedades crónicas. Nuestro objetivo es desarrollar un nuevo marco de vigilancia y sistemas de registro que nos permita trabajar de manera más eficiente con este tipo de patologías.
P. ¿Qué propuestas concretas ha planteado la Consejería de Salud de Cantabria al Ministerio de Sanidad para mejorar el Estatuto Marco y adaptarlo mejor a la realidad del sistema sanitario cántabro? ¿Qué papel quiere jugar la Consejería en la negociación del Estatuto?
R. Quisiéramos desempeñar un papel activo… pero no se nos permite. Tengo una impresión muy negativa sobre la reforma planteada del Estatuto Marco. En primer lugar, por el contenido de la propia reforma, que, en mi opinión, lo único que va a hacer es consolidar y reforzar un modelo que ya no responde a las necesidades asistenciales del siglo XXI ni a las verdaderas necesidades de las organizaciones sanitarias.
Este intento de reforma repreEste intento de reforma representa, en realidad, una renuncia a transformar el sistema. Es un síntoma de claudicación por parte de algunos y de falta de liderazgo por parte de otros. Tal y como está planteada, la reforma no permitirá adaptar nada a la realidad actual de los servicios de salud. Se centra exclusivamente en un aspecto: las relaciones laborales, olvidando el verdadero propósito del Sistema Nacional de Salud, que es el paciente y sus necesidades asistenciales.
Ojo, no estoy diciendo que no quiera que los profesionales mejoren sus condiciones laborales. Al contrario, quiero que mejoren, porque eso contribuye a contar con profesionales más satisfechos. Pero esas mejoras pueden lograrse mediante modelos distintos, más acordes con la realidad actual. El modelo que se pretende implantar no responde a ese enfoque.
Y si finalmente se aprueba —lo cual, insisto, dudo, porque está cosechando el menor consenso y las mayores discrepancias de la historia—, tendremos que adaptar nuestra regulación para evitar un impacto negativo. No podemos olvidar que las condiciones laborales en Cantabria, si no son las mejores del país, están entre las mejores. Uno de los riesgos de esta reforma es que nos obligue a modificar algunas de esas condiciones favorables de las que ya disfrutan nuestros profesionales.
P. ¿Cómo afectará la nueva clasificación profesional propuesta en el Estatuto Marco a los facultativos especialistas de Cantabria? ¿Se prevé algún ajuste para garantizar que esta medida no tenga un impacto negativo en los profesionales?
R. Nosotros hemos firmado un acuerdo con los facultativos, con los médicos, con los agentes sociales y con el Colegio de Médicos. Se trata de un acuerdo amplio que mejora significativamente sus condiciones laborales. Por tanto, la reforma del Estatuto Marco no tendría impacto en nuestro caso, ya que en ese pacto contemplamos expresamente la posibilidad de asumir cualquier cambio legislativo sin perjuicio para los profesionales y, en caso de que suponga una mejora, aplicarlo directamente.
Hemos avanzado considerablemente en aspectos como las retribuciones, los horarios y las condiciones de trabajo. Por ello, entendemos que las reformas del Estatuto no nos afectarán en lo que respecta a los facultativos.
Con otros grupos profesionales, sí será necesario adaptarnos a lo que finalmente se apruebe. Y ahí surge otro problema: aún no lo sabemos. El texto sigue en fase de negociación… pero no con las comunidades autónomas, que somos las responsables de la gestión de los recursos humanos del sistema. Esto es lo más llamativo: quien no tiene competencias en materia de personal es quien está llevando la negociación.
P. En los premios Best in Class (BiC) 2024, la sanidad cántabra fue una de las grandes ganadoras de la gala. El Hospital Marqués de Valdecilla fue galardonado como el mejor hospital de alta complejidad, además de otros seis reconocimientos. ¿Qué supone esto para vosotros?
R. Los premios Best in Class se han convertido en un clásico durante la última década para el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Estos reconocimientos son muy valorados por los profesionales. No se trata de una carrera por acumular premios y distinciones, sino de algo más profundo: lo verdaderamente importante es la continuidad en el tiempo de este tipo de galardones.
Esa permanencia indica que existe un sello de excelencia en los distintos servicios y unidades asistenciales. El hecho de que año tras año no solo se obtengan premios, sino que también se aparezca entre los finalistas, refleja el compromiso constante con la calidad por parte de los profesionales del hospital.
El reconocimiento público es fundamental para mantener la motivación y los altos estándares en la atención sanitaria. Por eso, para nosotros, tiene un gran valor. Los profesionales ven en ese reconocimiento público una validación de su esfuerzo diario.
P. ¿Cómo prevé Cantabria que el nuevo Real Decreto sobre precio y financiación de medicamentos afecte a la sostenibilidad económica del sistema sanitario cántabro? ¿Qué mejoraría del Real Decreto?
R. Bueno, aquí nos ocurre lo mismo: el Real Decreto se está elaborando de espaldas a las comunidades autónomas.
Aún no podemos prever con exactitud cuál será la repercusión real del Real Decreto sobre precios y medicamentos. Ayer mismo, por ejemplo, no se aprobó la creación de la Agencia de Salud Pública ni una serie de modificaciones en los precios de referencia que estaban previstas. Quiero decir que se están tomando decisiones regulatorias sin que las comunidades autónomas tengamos conocimiento de ellas. Aun sin conocer el texto final, sí compartimos la necesidad de una nueva regulación. Eso está claro.
Hay muchos aspectos que no fueron contemplados en su momento y que, a estas alturas, deben estar recogidos en la nueva legislación. Algunos de ellos derivan del crecimiento exponencial del desarrollo farmacéutico: hemos incorporado terapias avanzadas, anticuerpos monoclonales, terapias biológicas… Todo esto obliga a repensar y actualizar los criterios de inclusión, los procedimientos de fijación de precios y las modalidades de financiación.
«El Real Decreto sobre precio y financiación de medicamentos se está cocinando a espaldas de las comunidades autónomas»
Porque, si no adaptamos el decreto a esta nueva realidad, vamos a tener dificultades, y se ralentizará aún más la toma de decisiones sobre la incorporación de nuevos medicamentos. Esta es, de hecho, una de las críticas habituales: que se tarda demasiado en aprobarlos.
No ocurre así en Cantabria. Aquí sí incorporamos la innovación. Tenemos acuerdos con la industria que nos permiten utilizar un medicamento antes de que se fije oficialmente su precio, y posteriormente se regulariza una vez publicado. Pero es cierto que, a nivel nacional, los plazos son largos y, sin una nueva regulación, la situación no cambiará.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, si no regulamos, lo único que generaremos es más tensión financiera. Debemos tener claros los mecanismos de fijación de precios, las fórmulas de pago, y establecer modalidades contractuales como el pago por resultados. Todo esto debe estar regulado, porque si no, seguiremos viendo un crecimiento insostenible del gasto farmacéutico año tras año.
Y luego está la participación del paciente. Nosotros ya la estamos incorporando, incluyendo a pacientes en los comités de seguimiento de compras. Creemos que el Real Decreto también debería contemplar esta cuestión de forma explícita, porque la voz del paciente debe formar parte de las decisiones.
P. Dado que el R.D. busca promover la transparencia en la fijación de precios, ¿qué medidas específicas implementarán para garantizar un acceso equitativo a los tratamientos más innovadores?
R. Nosotros ya contamos con este procedimiento. Tenemos establecido un protocolo corporativo de acceso a la innovación farmacéutica que garantiza la equidad en la atención a la población. Existe una única vía de acceso, independientemente del centro, del hospital o del profesional que atienda al paciente: el Comité Corporativo de Farmacia.
Se trata de un órgano colegiado en el que están integrados los profesionales clínicos y donde, a diferencia de otros comités de farmacia, el número de farmacéuticos es inferior al de clínicos. Los profesionales asistenciales están plenamente implicados en el proceso.
Este comité se reúne cada tres semanas y garantiza una respuesta no solo equitativa, sino también ágil a las solicitudes de los profesionales. No es un comité encargado de elaborar protocolos o algoritmos, sino un espacio de discusión con los clínicos para, de forma colegiada, aceptar e incorporar la innovación.
Y lo cierto es que nos está funcionando muy bien. Tenemos unos tiempos de incorporación de innovación extraordinariamente rápidos. Al reunirse cada tres semanas, si un profesional solicita un fármaco, este se analiza, se debate y, si se aprueba, se incorpora de forma inmediata.
