De la veintena de medidas promulgadas en lo que va de siglo de afectación —directa o indirecta— a la economía de las oficinas de farmacia españolas, esta norma que data de 2000 y presentada originariamente como “temporal” sigue, casi 18 años después, provocando pérdidas anuales de más de 230 millones anuales al conjunto de la red.