Las enfermedades dermatológicas tienen una alta prevalencia y generan una elevada carga social, sin embargo, son pocos los trabajos que evalúen su carga económica. En base a los datos disponibles en la literatura, en España, el uso de recursos sanitarios y el coste farmacológico derivado de ellas podrían ocasionar un impacto económico de unos 3.300 millones anuales, donde las consultas dermatológicas y los fármacos de venta libre supondrían el 41% y el 35% del coste total.

El acceso a la innovación para los pacientes y la sostenibilidad del sistema sanitario son dos de los ejes sobre los que pivota tanto el desarrollo y como la implantación de los medicamentos genéricos. En este Intelligence Unit Report se lleva a cabo un repaso de la situación actual, así como de algunas de las principales medidas legislativas que se han puesto en marcha en España y Portugal.

La Ley General de Salud Pública se aprobó en otoño de 2011 y fue recibida como un hito en la normativa sanitaria. Era una norma llamada a modernizar la Ley General de Sanidad de 1986, que también estaba destinada a completar la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del 2003, que tuvo una gran acogida y fue muy bien valorada por la población en general y por los profesionales sanitarios también en particular. Sin embargo, a día de hoy, muchos expertos piensan que esta ley está parada y en riesgo de dormir ‘el sueño de los justos’.

Tras casi dos décadas de tratamiento antirretroviral (TAR) la reducción de la incidencia de la enfermedad ha sido notable. Sin embargo, este descenso inicial se ha ralentizado en los últimos años. Según el último informe sobre vigilancia epidemiológica del VIH y Sida en España 2016, la tasa de nuevos diagnósticos de VIH en nuestro país es superior a la media de la Unión Europea y de los países de Europa Occidental. Mientras tanto, la profilaxis preexposición (PrEP por sus siglas en inglés), aprobada en Europa desde el año 2016, sigue sin ser autorizada en España.

En el contexto de la celebración del I Foro para el análisis de las políticas de Salud Pública, este Intelligence Unit Report persigue analizar la situación actual de las políticas de vacunación en España, así como la identificación de los retos venideros.

En España, entre el 17 y el 28 por ciento de la población sufre dolor crónico. Esta situación le supone al estado un coste de 16.000 millones de euros, lo que se traduce en el 2,5 por ciento del Producto de Interior Bruto (PIB). Sin embargo, la mayor parte del gasto viene por costes indirectos relacionados con la incapacidad de trabajar del paciente. En más del 40 por ciento de los casos no obtienen un control adecuado de su patología y al final esto provoca que el promedio de días laborales perdidos por dolor en España sea de 16,8 al año.

La carga económica del mieloma múltiple en España en 2017 supuso 944,15 millones de euros anuales, de éstos, el 93 por ciento corresponde a los costes directos de la enfermedad, principalmente asociados a los servicios ambulatorios y hospitalarios. A diferencia de otros tipos de cáncer, los costes indirectos y las pérdidas de productividad son proporcionalmente menores (52,57 millones de euros) debido a que en el momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes supera los 60 años y solo el 10 por ciento de los afectados se encuentra en activo en el mercado laboral.

La fibrilación auricular no valvular (FANV) es la arritmia más frecuente en España, aumentando su prevalencia con la edad. Varios anticoagulantes orales directos (ACOD), han sido comercializados con el objetivo de reducir el riesgo de ictus isquémico en la FANV. El objetivo de este análisis será estudiar la relación coste-efectividad incremental (RCEI) de dabigatrán vs rivaroxaban, comparados con warfarina en la prevención de ictus en pacientes de edad avanzada con FANV

Estimar el impacto presupuestario (IP) de un mayor uso de administración de prasugrel y ticagrelor versus clopidogrel en el tratamiento de pacientes con Síndrome Coronario Agudo (SCA) sometidos a Intervención Coronaria Percutánea (ICP) en España

Desde el Grupo de Trabajo del Sector Farmacéutico (GTSF) de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), se analizó a través de una encuesta, el mapa del perfil del Compliance Officer (CO) en la Industria Farmacéutica (IF) en España.