Desde que el 9 de marzo entrase en vigor la nueva Ley de Contratación Pública —que transpone dos directivas comunitarias—, los anuncios de licitaciones aparecen con cuentagotas en los boletines oficiales autonómicos. Las mayores exigencias de los criterios y la necesaria (re)adaptación de los pliegos han supuesto un frenazo en la publicación de estos procesos. Si bien la mayor transparencia que persigue esta norma, así como la primacía de la calidad de las ofertas sobre el precio, es bien recibida por el sector sociosanitario, su desarrollo práctico aún genera dudas.