El Gobierno destina recursos para la financiación pública de la formación médica continuada (FMC) que siguen siendo insuficientes a ojos de todos los agentes. La prohibición de colaboración privada para este tipo de actividades parece alejarse del horizonte.
3 de julio de 2020. Es la fecha del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados que sentaba las bases para el renacer del país en un momento en el que, en realidad, la pandemia de COVID-19 no había hecho más que empezar.
En este documento de aparente consenso, el colofón a un trabajo de varios meses en el que grandes personalidades de todos los sectores comparecieron ante los parlamentarios con un espíritu crítico para explicar su visión transformadora, uno de sus puntos, el 47.2 hacía temblar los cimientos del sistema de formación médica continuada.
Dentro de las medidas propuestas en materia de política farmacéutica, industria biosanitaria y reserva estratégica, este epígrafe proponía “tomar medidas para la financiación púbica de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las Administraciones públicas, y para investigación independiente, divulgación o educación sanitaria y patrocinio de actividades y de asociaciones de pacientes”. “Se prohibirá la financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria”, sentenciaba.
En el punto de mira
20 meses después de este polémico anuncio, la formación médica continuada se mantiene en el punto de mira. Ya entonces, ninguna de las iniciativas parlamentarias para modificar esta parte del texto surtió efecto alguno. De entrada, fueron rechazadas las enmiendas presentadas por el Partido Popular y otros grupos que pretendían regular, más que prohibir, este tipo de colaboración privada.
Tampoco prosperó la iniciativa de los populares que, a través de una Proposición no de Ley amparaba el apoyo de la industria farmacéutica a este tipo de actividades. No obstante, su debate en la Comisión de Sanidad en noviembre del mismo año permitió que las formaciones políticas pusieran las cartas sobre la mesa y dejaran ver sus posiciones al respecto. El único punto en común, el carácter controvertido del asunto.
La visión del Gobierno quedaba plasmada en la intervención de la ex ministra de sanidad, María Luisa Carcedo como portavoz del PSOE. Los socialistas contaban con presentar una enmienda para rediseñar la formación continuada sobre la regulación que ya existe, basada en la Ley de Cohesión y Calidad, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y del real decreto 1142/2007 que regula una comisión sobre formación continuada en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Una plataforma estatal
Carcedo detalló allí que la intención socialista era darle más contenido, evaluar la labor que se está haciendo desde las comunidades autónomas y darle más peso. “Todas tienen sus estrategias de formación continua y queremos darle un impulso, evaluarlo y crear una plataforma de ámbito estatal, digital, para que se puedan compartir los avances en formación continuada”, explicó.
La exministra argumentaba también que carecía de sentido que en una empresa como el SNS “se delegue la formación”, y menos aún “en un cliente, al que se le paga en torno al 20 por ciento del gasto público”. “Es realmente un disparate”, indicó.
En su intervención, avanzó además que la vía debía pasar por utilizar y dar mayor dimensión a la citada comisión, y adelantó que los PGE de 2021 destinarían “una primera partida de 460.000 euros para financiar esta plataforma que daría una nueva dimensión a la formación continua en el Sistema Nacional de Salud”.
El Plan de Recuperación enviado a la UE contempla 10 millones de euros para formación continuada
Desde entonces, no se han observado nuevos pasos hacia la prohibición de esta colaboración de la iniciativa privada en materia de formación médica continuada desde el anuncio de las conclusiones del dictamen. Parece haber surtido efecto la contestación unánime del sector sanitario, que capitaneados por la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme) ha defendido desde el principio que es inviable viable una prohibición de ese calado sin un plan B que permita mantener este tipo de actividades de actualización imprescindibles para los profesionales sanitarios.
Los movimientos registrados desde entonces confirman, no obstante, la dirección apuntada por Carcedo, que refuerza el papel de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y las comunidades autónomas.
10 millones de financiación pública para la formación sanitaria continuada
A lo largo de 2021, la apuesta del Gobierno por la formación sanitaria continuada financiada con fondos públicos se reflejó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la UE en abril. Para esta actividad, el plan contemplaba destinar un total de 10 millones de euros (3 millones en 2021, 3,5 en 2022 y otros 3,5 en 2023).
El objetivo principal de la actuación, trasladado a la Comisión Europea, consistía en incluir en los planes de formación continua de profesionales sanitarios de las comunidades y ciudades autónomas, acciones formativas vinculadas con los objetivos y medidas incluidos en el componente 18.
Todo ello, con el objetivo último de la mejora de la calidad en la atención sanitaria al ciudadano. Asimismo, el objetivo específico era el mantenimiento y la mejora de los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios, a fin de que estos puedan adecuar permanentemente su actuación ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades sociales y del propio sistema sanitario.
En el Consejo Interterritorial del pasado 4 de noviembre, Gobierno y consejerías abordaron el reparto de estas cantidades para el primer año. En su intervención posterior, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, defendió la idea de que cuando se trata de mejorar la formación de los médicos, el Gobierno tiene claro el papel que juegan los fondos públicos. Por ello, calificó como “decisivos” los diez millones de euros destinados a formación.
Tras años sin apenas financiación pública en esta área, Darias subrayó como un paso adelante esta dotación que “demuestra que se está avanzando y mejorando para hacer algo fundamental en el SNS como es la formación continuada”.
Al mismo tiempo, la ministra aseguró que ningún consejero presente en la reunión consideró insuficientes los tres millones de que destinará el Ministerio en 2022 y remarcó que los diez millones previstos en total permitirán formar al menos a 90.000 profesionales y completar 360.000 créditos en estos tres años.
Fijando posiciones
En el mismo mes, y con estas cifras de financiación pública de la formación continuada como trasfondo, el partido socialista fijaba de nuevo posiciones. Lo hacía apenas dos semanas después de este encuentro del Interterritorial, en la ponencia Marco de su 40 Congreso.
En el capítulo destinado al refuerzo de las capacidades profesionales, citaba textualmente que la formación continua de sus trabajadores es el principal elemento para la cultura de cualquier organización y de garantía del éxito en sus resultados, también en el Sistema Sanitario, donde la rápida introducción de nuevas áreas de conocimiento como la genómica, la inteligencia artificial o el big data obligan a una permanente actualización. “Formación que debe ser organizada y financiada por el propio SNS, para evitar las dependencias de otro tipo de financiadores externos y garantizar la igualdad de oportunidades”, subrayaban de nuevo.
El ministerio de Sanidad recuerda el papel de la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias como respuesta a la pregunta sobre avances en esta materia
Desde entonces y hasta ahora no se hay avances significativos con respecto a las fórmulas de financiación en materia de formación sanitaria continuada. El Ministerio de Sanidad ha remitido de nuevo a la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias como respuesta a la pregunta de este medio sobre nuevos pasos, tras el anuncio de esa primera asignación de 3 millones de euros.
Funciones de la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias
Sanidad remarca en su respuesta que se trata del órgano colegiado de las Administraciones Públicas, adscrito a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, creado con el fin de armonizar el ejercicio de las funciones que las administraciones sanitarias públicas y demás instituciones y organismos ostentan en materia de formación continuada, así como de coordinar las actuaciones que se desarrollen en dicho campo.
Insisten también en que está integrada por dos representantes del Ministerio de Sanidad, uno de los cuales ostenta su presidencia; un representante del Ministerio de Educación y FP; un representante del Ministerio de Defensa; un representante de cada una de las comunidades autónomas presentes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; y, por último, el secretario de la Comisión, que es un funcionario del Ministerio de Sanidad.
Recuerdan, además, que esta comisión incorpora a sus reuniones a representantes de los Colegios Profesionales o Asociaciones Profesionales, de las Universidades, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y de las Sociedades Científicas de ámbito estatal.
Entre sus funciones, según detalla el ministerio, se encuentran la de emitir informes o dictámenes en materia de formación continuada, o el estudio, informe y propuesta para el establecimiento de procedimientos, criterios y requisitos para la acreditación de centros y actividades de formación continuada.
También tienen asignada la tarea de realizar estudio, informe y propuesta para el establecimiento de procedimientos, criterios y requisitos para la acreditación y la acreditación avanzada de profesionales en un área funcional específica de una profesión o especialidad, como consecuencia del desarrollo de actividades de formación continuada acreditada.
Entre 2018 y 2019 las sociedades científicas destinaron entre 340 y 879 millones anuales a formación médica continuada
Otra de sus labores es recibir periódicamente y a través de los representantes incorporados a la misma, información sobre las actuaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de las comunidades autónomas en relación con la acreditación de actividades y programas en materia de formación continuada.
En la misma línea, pueden solicitar y recibir informes y propuestas de organizaciones sindicales, sociedades científicas o entidades que actúen, directa o indirectamente, en el campo de la formación sanitaria continuada, así como elaborar propuestas de coordinación del sistema de acreditación.
Para finalizar, está entre sus cometidos, tal y como remarca Sanidad, el de elaborar propuestas para el establecimiento de mecanismos de reconocimiento mutuo entre los sistemas acreditadores, manteniendo, cuando así sea necesario para hacer efectiva esta función, relaciones con organizaciones y entidades acreditadoras en el ámbito internacional.
Foto actual de la FMC: promovida por las sociedades científicas, financiada por la industria farmacéutica
Más allá de la estructura institucional para el impulso de la formación sanitaria continuada, es un hecho que hoy en día, el grueso de esta actividad formativa está promovida por las sociedades científicas y financiada por la industria farmacéutica.
Facme recoge las cifras principales en su posicionamiento estratégicos sobre FMC, presentado a mediados del año pasado. El informe, con datos de la actividad de las 37 sociedades científicas federadas en 2018 y 2019, sitúa la financiación de la formación médica continuada entre los 340 y los 879 millones de euros al año. Una aproximación que, según han matizado desde la federación, infraestima el coste real de la actividad.
De hecho, el secretario de la Junta Directiva de Facme y coordinador de este proyecto, insiste en que hay que tener en cuenta que estos datos no incluyen los costes indirectos relacionados con las actividades de FMC ni tampoco la estimación de las sociedades que no han participado en el estudio o que no han aportado datos económicos. Por otro lado, no se ha incluido la actividad en FMC de sociedades científicas autonómicas, regionales o supranacionales, ni de sociedades no asociadas a Facme u otras entidades”.
El portavoz detalla que el informe recoge datos agregados de más de 1.600 actividades de formación médica continuada realizadas en estos dos años, de las que más del 80 por ciento han sido acreditadas por el sistema de la Comisión de Formación Continuada del SNS, ECTS u otro sistema. Otro dato fundamental es que el 80 por ciento de las actividades se dirigen a la mejora de la práctica clínica.
Con estas cifras sobre la mesa, Facme defiende que no deben ponerse barreras a la financiación sin presentar alternativas viables y realistas, sin más límite que la transparencia y las normas éticas. Así, el portavoz subraya que las sociedades científico-médicas consideran que, como garantes de la viabilidad y la calidad de la formación médica continuada, deben “reivindicar la importancia de que se presenten alternativas viables a la financiación actual para no mermar la enseñanza de nuestros profesionales sanitarios y, por ende, calidad asistencial de toda la sociedad”.
En 2019 la industria innovadora transfirió 224 millones de euros a organizaciones sanitarias responsables de organización de reuniones y congresos
Los datos analizados por Facme confirman que el 75 por ciento de la financiación de esta actividad procede de la industria farmacéutica y tecnológica, un 20 por ciento de fondos propios de las sociedades científicas y un cinco por ciento de varios agentes, entre ellos fundaciones, etc… En el periodo estudiado, la aportación de las administraciones resulta “francamente pequeña”, detalló.
Con semejantes cifras, la cantidad planteada por el Gobierno en este plan de recuperación resulta, en sus palabras, “francamente exigua”, y la impresión es que no va a “aportar gran cosa”. Y más si se tiene en cuenta que la partida va dedicada a todo el personal sanitario, no es solo para formación médica.
En cualquier caso, desde la federación se insiste en su disposición a trabajar en otros modelos y formas de financiación, llegado el caso.
Otras cifras que recoge también el informe es que el 30 por ciento de las sociedades científico-médicas requieren de una financiación anual para FMC entre 500.000 y 1.500.000 euros y un 22 por ciento más de 1,5 millones. Además, se detalla que el congreso nacional de cada especialidad, una de las citas formativas clave en cada área, conlleva un coste de entre 60.000 y 1,3 millones, con una media de más de 700.000 euros.
127 millones de euros procedentes de la industria farmacéutica en 2020
Los últimos datos que facilita la patronal de la industria farmacéutica innovadora, Farmaindustria, también permiten dimensionar las cantidades planteadas por el Ejecutivo. En 2020, las compañías adheridas al Código de Buenas Prácticas destinaron 127 millones de euros a apoyar las actividades de formación continuada. De esta cantidad, 90 se destinaron a las organizaciones sanitarias responsables de organización de reuniones y congresos y 37 correspondieron a ayudas a profesionales sanitarios para que pudieran acudir al encuentro.
Farmaindustria ha puesto en valor que incluso en un año marcado por la pandemia se haya mantenido este compromiso con el fomento de la formación y explica la caída en esta partida, que en 2019 alcanzó los 224 millones, frente a los 127 actuales. La crisis sanitaria, recordemos, provocó inicialmente una reducción del número de reuniones y actividades formativas que, en todo caso, se celebraron de manera virtual, evitando así el gasto en desplazamiento y alojamiento que conllevan las citas presenciales.
Un presupuesto insuficiente para el fomento real de la formación continuada
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo, es consciente de que la financiación es necesaria para poder avanzar y que, sin duda, supondrá un impulso para cubrir algunas de las necesidades actuales, “por lo que toda inyección presupuestaria es positiva”. Sin embargo, tal y como ha remarcado en una entrevista con GACETA MÉDICA, subraya que “para que el fomento de la formación continuada sea real y que podamos producir esa formación y dirigirla a todos los ámbitos en los que debe estar este presupuesto es insuficiente”.
Cobos remarca que hay una gran heterogeneidad con respecto a las entidades acreditadas para impartir esta formación e insiste en que desde la OMC se potencia la acreditación europea a través de la UEMS y creando el máximo de sinergias posibles, tanto con el ministerio de Saludad como con las comunidades autónomas. “El propósito de todos es el mismo, promover la formación médica”.
Áreas de formación prioritarias
El Plan de Recuperación del Gobierno plantea una serie de áreas esenciales en formación médica que van desde la utilización de tecnologías sanitarias y sistemas de información, la vigilancia de la salud pública y epidemiología, la seguridad del paciente y profesionales o el uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos.
También abarca la detección precoz del cáncer, salud mental y salud ambiental, prevención de factores de riesgo, detección precoz de violencia de género y de maltrato infantil o bioética y comunicación clínica.
Entre las áreas que prevé impulsar con esta inyección de recursos también sitúan la medicina basada en la evidencia, el trabajo en equipo, la metodología de la investigación, el desarrollo de las competencias directivas de los responsables de los centros sanitarios y la formación de tutores de la formación sanitaria especializada.
Para Cobos, se trata de una selección adecuada de temas y, señala que, en esta parte, desde la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial ya se ofrece formación en competencias transversales, que son aquellas que deben adoptar todos los médicos, independientemente de su área de especialización. Una oferta que se ha intensificado con la puesta en marcha de la Escuela de la Profesión Médica
Con respecto al protagonismo de las comunidades autónomas en formación continuada que les concede el plan de recuperación, el presidente del consejo general destaca como fundamental la implicación de todas las administraciones y que trabajen, de manera coordinada, para que la formación llegue donde tiene que llegar, es decir, a los profesionales. “El planteamiento principal es ese: que la formación llegue a su destino y el procedimiento, sea cual sea, resulte ágil”.
Para ello, destaca que es prioritario que las instituciones proporcionen facilidades y eliminen la excesiva burocracia para que los trámites sean rápidos, eficaces, coordinados y no se dilaten en el tiempo.
Láinez: “En este momento organizar un sistema de formación fuera de las sociedades sería muy complicado”
José Miguel Láinez, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN)
Pregunta. ¿Qué peso tiene para la SEN la formación médica continuada?
Respuesta. Para nosotros es uno de los elementos fundamentales. Es la actividad principal que dirigimos, Congreso, cursos, etc. El 70-80 por ciento de nuestra actividad es formación continuada. Es lo que llevamos haciendo siempre y se engloba de una forma global, que es mantener a nuestros socios informados de las novedades en el campo de la neurología.
P. ¿Cuál es el papel de las sociedades científicas en la formación continuada?
R. Es único. En Neurología, el 90 por ciento de lo que se hace en este sentido está vinculado a la SEN.
P. ¿Con qué tipo de recursos cuentan para ello?
R. Todas las sociedades científicas tenemos un aporte de los socios, pero una parte importante se desarrolla con apoyo de la industria farmacéutica. Sin su participación no sería posible. Tenemos una industria que nos ayuda a llevar a cabo esta formación, hoy en día es fundamental.
P. En su día el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción planteaba la prohibición del apoyo privado a iniciativas de formación…
R. El error es de base. La industria muchas veces realiza actividades con las sociedades científicas que no son de formación. Facilita que los socios estén en congresos, por ejemplo. Para nosotros la formación es completamente independiente de la industria farmacéutica y los fondos nos permiten hacerla.
P. Hoy por hoy, ¿hay alternativa? ¿Es viable que el estado asuma el gasto que supone?
R. En este momento organizar un sistema de formación fuera de las sociedades sería muy complicado. Tenemos la estructura desde hace décadas y la formación continuada pivota en torno a nosotros. Organizar un sistema de incentivos o pagos directos a las sociedades, por ejemplo, sería muy complicado. Evidentemente, exigiría una gran inversión por parte del estado y añadiría complejidad, con la participación de sociedades nacionales, autonómicas, etc.
“La formación es clave y hay que pagarla, bien sea con recursos públicos o privados”
José Ramón Casal, secretario de Formación de Semes
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) es una de las entidades que no está integrada en Facme. Su secretario de Formación, José Ramón Casal, insiste en que, si hay cambios o se veta la financiación externa, sería inviable mantener el ritmo formativo actual sin recursos adicionales y sin una dotación pública suficiente.
“La formación es clave y hay que pagarla, bien sea con recursos públicos o privados”, sentencia. El portavoz añade que lo ideal sería que el sistema público cubriera estas necesidades, pero sabemos que no es posible. “Gracias en gran parte a la financiación privada se investiga y se forma a los profesionales, para poder tratar de manera adecuada con ciertas garantías, al usuario del sistema público”, añade.
El secretario de Formación subraya que Semes realiza gran cantidad de actividades a lo largo del año. Es una formación desarrollada tanto con carácter nacional como a nivel autonómico (las SEMES autonómicas tienen un gran peso en este sentido). “Podríamos decir que a lo largo del año hay cientos de cursos relacionados con la urgencia y emergencia, curso dirigidos a médicos, enfermería, técnicos de emergencias sanitarias, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y población en general (alumnos y profesores de colegios, asociaciones vecinales, colectivos de todo tipo) que solicitan a SEMES formación en reanimación cardioplumonar (RCP), cursos sobre cómo actuar en situaciones de urgencias y emergencias médicas, en definitiva, contribuimos a dar formación y una cierta seguridad al ciudadano”, detalla.
Con respecto a las fuentes de financiación, Casal cita tres fuentes diferentes: en primer lugar, a través del dinero que tiene la sociedad por el ingreso de las cuotas de los socios, en segundo lugar, formación que paga en su totalidad el alumno (no olvidemos que gran parte de la formación de los médicos, enfermería y técnicos de emergencias es autofinanciada) y por último, pero quizás una de las más importantes, la formación con recursos de la industria.
“Las colaboraciones privadas, a través de acuerdos perfectamente establecidos entre ambas partes, son imprescindibles para el desarrollo científico y formativo del profesional repercutiendo directamente en el paciente y aportando calidad a su trabajo diario”, defiende.
Según su visión, las sociedades científicas cumplen el papel más importante en la formación de un médico a lo largo de su desarrollo profesional. “Durante la etapa de Médico Interno Residente (MIR), el contacto con tu sociedad científica es fundamental para adquirir competencias que por otro lado costaría mucho conseguir”, advierte.
Por desgracia, lamenta que “las distintas administraciones no ofrecen ni a los médicos en formación ni a los especialistas esta parcela que necesitan para desarrollar con garantías su actividad profesional”. La gran mayoría ha de formarse pagando de su bolsillo cursos, talleres, etc., que le permitan ofrecerle al paciente una correcta asistencia de calidad”, concluye el experto.
